Peramato en el Senado, mientras el Supremo debate la sentencia a Aldama que ella impide rebajar por pavor

No hay democracia de nuestro entorno en la que la Fiscalía General del Estado haya caído tan bajo. El Ministerio Público atraviesa su peor momento. Pedro Sánchez y su Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar han colonizado una de las instituciones que debería actuar con independencia, profesionalidad, rigor y buen gobierno. Nada más lejos de la realidad. ¿De quién depende la Fiscalía? En el Palacio de la Moncloa tienen la respuesta.

Tanto es así, que el todavía presidente del Gobierno ha convertido a la institución en un instrumento más para sus intereses. Con un ex fiscal general del Estado condenado a causa de una guerra contra una rival política, ahora es su sucesora quien ha cogido el testigo con idénticas motivaciones. Teresa Peramato no solo ha salvado la carrera judicial de Álvaro García Ortiz, como pago de favores prestados, es que maniobra para que los casos que acorralan a Pedro Sánchez y a su entorno más cercano no avancen como debieran en un sistema judicial limpio e imparcial. 

Nada más hay que ver cómo la propia Peramato dio órdenes al Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, para que no rebajara la petición de pena a Víctor de Aldama. El empresario es pieza clave y determinante en todo el 'caso PSOE' y en sus diferentes ramificaciones. La colaboración con la Justicia no le interesa ahora al Ministerio Público. Sencillamente, porque eso supone dejar a Pedro Sánchez y a los suyos a los pies de los caballos. 

Su ejemplo -el de Aldama- podría hacer que otros tirasen de la manta. Julio Martínez Martínez o, incluso, Leire Díez son solo dos de los nombres propios que miran con expectación lo que pueda salir del Tribunal Supremo en referencia a Víctor de Aldama y su condena.

Y mientras, el Tribunal Supremo delibera y debate la condena a José Luis Ábalos, Koldo García y -sobre todo- Víctor de Aldama, la fiscal general del Estado tiene que dar la cara por su gestión al frente de la institución en la que la ha colocado el secretario general del PSOE. 

"Los españoles merecen respuestas"

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, está llamada este viernes en la Comisión de Justicia del Senado por la mayoría absoluta del PP después de la Fiscalía General del Estado admitiera que excargos del organismo cuando lo dirigía Álvaro García Ortiz se reunieron con investigados del 'caso Leire Díez'.

Desde el PP, según manifestó en rueda de prensa su portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, creen que los españoles, la Asociación de Fiscales y Anticorrupción "merecen respuestas" porque fueron "víctimas de la delincuencia de Estado del 'comando cloacas'".

Así, señaló que la fiscal general, a quien llamó "digna sucesora" de Álvaro García Ortiz --condenado por el Tribunal Supremo a inhabilitación por el cargo por revelación de secretos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, tendrá que explicar "cuándo se enteró de las reuniones".

Y es que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, preguntó a la Fiscalía General si existieron visitas a su sede por parte de la exmilitante socialista Leire Díez, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver o el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en la causa, o del abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Antonio García Cabrera, citado como testigo.

Reuniones de Leire Díez en la Fiscalía

Fue el pasado miércoles cuando la Fiscalía General del Estado reconoció que Diego Villafañe, que fue teniente fiscal de la Secretaría Técnica cuando García Ortiz estaba al frente del Ministerio Público, se reunió dos veces con la exmilitante socialista y Teijelo, a la postre abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también investigado en la causa.

Según fuentes del Ministerio Público, "no existen registros" de visitas realizadas a la sede de la Fiscalía General por esas personas, y no precisaron en qué lugar se dieron los encuentros que sí reconocen.

Y añadieron que Villafañe y la entonces fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Beatriz López, mantuvieron el 6 de marzo de 2025 "una reunión" con Teijelo "en la que éste informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal".

Entre finales de marzo y principios de abril, según las mismas, Villafañe volvió a reunirse con el abogado. Las fuentes precisaron que, en ambos encuentros, el abogado "estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado", en alusión a Leire Díez.

Ante esto, la portavoz de los 'populares' en el Senado señaló que Peramato deberá responder "quién le ordenó que escondiera" las reuniones "hasta que se ha visto obligada a contarlo al juez", así como el "contenido" de los encuentros.

Malestar de los propios fiscales

Dos de las tres asociaciones fiscales --la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la tercera en número de asociados, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- han mostrado esta semana en sendos comunicados su "preocupación" e "indignación" ante los detalles revelados de los encuentros.

La AF lamentó la "insuficiente" y "vaga" respuesta de la Fiscalía General del Estado por la "presencia en sus dependencias de una persona vinculada a un grupo criminal", en referencia a Díez, "que pretendía actuar contra instituciones del Estado y contra varios integrantes" de la carrera.

Y afirmó que "resulta difícil comprender la celebración de sucesivas reuniones y la intervención de los más altos responsables" de la FGE si los hechos "carecían" de relevancia penal. Y de lo contrario, "resulta igualmente difícil entender por qué no se siguieron los procedimientos previstos por la propia Fiscalía para su análisis y eventual investigación", añadió.

Por ello, reclamó una respuesta sobre "cómo se produjo esta actuación", "quién la autorizó", "qué decisiones se adoptaron" y "por qué se apartaron de los cauces ordinarios". "La gravedad de los hechos exige transparencia. La defensa de la institución exige responsabilidad, y responsabilidades", remacharon.

La APIF, por su parte, enfatizó la "gravedad" de las reuniones y transmitió su "intranquilidad" ante la "ausencia de respuesta" sobre tres cuestiones: "Por qué se aceptaron dos entrevistas" por parte de Villafañe, "cuál era su objetivo" y "por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción".

Incidió en que esta situación se produce cuando se están "recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal, que tuvo que presenciar" cómo García Ortiz, "sin dimitir de su cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal", en el que la APIF formaba parte de la acusación popular.

Ante esto, la asociación urgió a la Fiscalía General del Estado a que solicite a la Inspección Fiscal que "incoe diligencias de investigación", se "recaben los datos" y se tome declaración al "penado" García Ortiz.

Las contundentes pruebas encontradas a Leire Díez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió un informe al juez Pedraz en el que apuntaba que Díez habría ofrecido un pacto con la Fiscalía a la defensa de Villarejo, investigado en la macrocausa 'Tándem'.

Ello aparecía en un documento, plasmado por la UCO de los dispositivos de Díez, que contiene una serie de instrucciones: "Os avisarán para acudir a un despacho donde os encontraréis con una persona de la Fiscalía General del Estado y Leire (la que manda)". Y continúa apercibiendo a los destinatarios de que deben "estar preparados para la reunión".

Así, en el texto constaba que "la idea es entrar en esa reunión y no salir hasta tener un acuerdo firmado" basado en que "el cliente aceptará una pena de cárcel", pero "no conllevará la pena de prisión" y en el que "tendrá que hacer frente a una multa económica", aunque "se preservará parte del patrimonio".

A partir de entonces, añadía, "el cliente deberá colaborar con la Fiscalía para el esclarecimiento" de las diferentes causas. "La prioridad serán las víctimas, la limpieza de los procesos del Estado corruptos o contaminados y terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo", indica.

Dicha colaboración habría consistido, según el documento, en la "entrega de material de audio, 'emails' y documentos comprometidos" de un listado de personas y temas, para "limpiar la corrupción del Estado".