Peinado envía a Begoña Gómez al banquillo, le retira el pasaporte y le prohíbe salir de España

El magistrado Juan Carlos Peinado ha dado este sábado el paso judicial más trascendental desde el inicio de la investigación sobre Begoña Gómez. En un auto de 84 páginas, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid acuerda la apertura de juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, contra su asesora en Moncloa Cristina Álvarez y contra el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés, poniendo fin a la fase de instrucción y abriendo la puerta a un juicio ante un tribunal con jurado popular.

La resolución considera que existen indicios suficientes para que los tres acusados respondan por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, Begoña Gómez y Cristina Álvarez deberán sentarse en el banquillo también por apropiación indebida y malversación de caudales públicos, dos de los delitos más graves incluidos en la causa.

El auto incorpora además medidas cautelares de enorme relevancia. Peinado ordena la retirada de todos los pasaportes de Begoña Gómez y Cristina Álvarez, incluidos los diplomáticos, les prohíbe abandonar el territorio nacional y les obliga a comparecer ante el juzgado dos veces al mes. Para justificar estas restricciones, el magistrado aprecia riesgo de fuga y subraya que la protección derivada de la condición de esposa del presidente del Gobierno es "efímera y por tanto transitoria", ya que depende exclusivamente de que Pedro Sánchez continúe ocupando la Presidencia.

La causa tiene su origen en las investigaciones iniciadas en 2024 sobre la actividad desarrollada por Begoña Gómez alrededor de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Según el relato judicial, la marca vinculada al proyecto fue registrada meses antes de la creación formal de la cátedra, una circunstancia que forma parte de los indicios analizados durante la instrucción.

Relación singular acreditada

El magistrado considera acreditada la existencia de una relación singular entre Gómez y diversos responsables académicos de la Complutense. Entre las declaraciones recogidas figura la del vicerrector Juan Carlos Doadrio, quien aseguró que el rector Joaquín Goyache le trasladó que debía crearse una cátedra para "Begoña Gómez, la mujer del presidente". El convenio, según varios testimonios, fue tramitado con una rapidez poco habitual dentro de la universidad.

Respecto a Cristina Álvarez, el juez aprecia que pudo utilizar el peso institucional de su cargo en Presidencia del Gobierno para intervenir en gestiones vinculadas a actividades privadas de la esposa del presidente. El auto sostiene que algunas de sus actuaciones proyectaban deliberadamente la autoridad de su función pública sobre iniciativas de naturaleza mercantil ajenas a sus competencias oficiales.

Uno de los capítulos más delicados de la resolución se refiere al software desarrollado bajo el paraguas de la cátedra. La Complutense destinó al menos 108.765 euros al proyecto, al que también contribuyeron empresas como Indra, Telefónica y Google. Según la investigación, el activo tecnológico terminó vinculado al dominio transformatsc.org, posteriormente transferido a nombre de Begoña Gómez, y a una sociedad mercantil creada por ella misma en noviembre de 2023, circunstancias que sustentan las acusaciones de apropiación indebida y malversación.

En cuanto a Barrabés, Peinado aprecia indicios de un posible intercambio de favores entre el apoyo empresarial prestado a los proyectos impulsados por Gómez y el respaldo institucional recibido por compañías de su grupo en adjudicaciones públicas millonarias vinculadas a Red.es. El auto habla expresamente de un posible intercambio entre la ayuda prestada a la investigada y el apoyo institucional y académico a intereses empresariales relacionados con el empresario.

La apertura de juicio oral sitúa ahora a la esposa de Pedro Sánchez a las puertas de un proceso judicial sin precedentes en la historia reciente de la democracia española. Salvo que prosperen los recursos que puedan presentarse ante la Audiencia Provincial de Madrid, será un jurado popular compuesto por doce ciudadanos el que determine la responsabilidad penal de los acusados en una de las causas más achicharrantes para el entorno del presidente del Gobierno.