Iustitia Europa reclama al CGPJ que frene cualquier expediente contra Peinado
La acusación popular del caso Begoña Gómez sostiene que el órgano de gobierno de los jueces no puede revisar por la vía disciplinaria una resolución que todavía es recurrible ante la Audiencia Provincial de Madrid
Iustitia Europa, Luis María Pardo
Iustitia Europa ha presentado un escrito urgente ante el Consejo General del Poder Judicial para solicitar la suspensión de cualquier deliberación o actuación encaminada a abrir diligencias disciplinarias contra el juez Juan Carlos Peinado, instructor del procedimiento que afecta a Begoña Gómez.
La organización, personada como acusación popular en la causa, reclama además el archivo inmediato de cualquier iniciativa dirigida a analizar o cuestionar el contenido de las resoluciones dictadas por el magistrado mientras estas no sean firmes.
El escrito llega después de la polémica provocada por las medidas adoptadas por Peinado y por la posibilidad de que el CGPJ estudie algún tipo de actuación relacionada con los argumentos incluidos en sus resoluciones.
Iustitia Europa defiende que las medidas cautelares acordadas por el juez son recurribles y que corresponde exclusivamente a la Audiencia Provincial de Madrid decidir si se ajustan o no a Derecho. Por ello, considera que una intervención disciplinaria del CGPJ supondría adelantarse a la decisión del tribunal competente.
Según expone la organización, el órgano de gobierno de los jueces no puede convertirse en una vía alternativa para revisar resoluciones judiciales que todavía se encuentran sometidas al sistema ordinario de recursos.
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«Las resoluciones se recurren, no se castiga a los jueces»
El presidente de Iustitia Europa y abogado personado en el procedimiento, Luis María Pardo, ha advertido de que el CGPJ no puede actuar como una tercera instancia judicial.
«Las resoluciones judiciales se recurren. No se castiga a los jueces por dictarlas. Si el CGPJ entra a valorar el contenido jurídico de una resolución recurrible, estará invadiendo competencias reservadas exclusivamente a jueces y tribunales», ha señalado.
La organización invoca el artículo 117 de la Constitución, que atribuye a los jueces y tribunales la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, así como las garantías de independencia recogidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
También sostiene que la potestad disciplinaria no puede utilizarse para revisar de manera indirecta las interpretaciones jurídicas o el contenido de resoluciones que pueden ser examinadas por un tribunal superior.
Iustitia Europa cuestiona además qué ocurriría en el caso de que la Audiencia Provincial de Madrid confirmara las medidas adoptadas por Peinado. «¿Abrirá también expediente disciplinario a los magistrados de la Audiencia Provincial?», plantea Pardo.
Denuncia una campaña de presión contra jueces y la UCO
La asociación enmarca la posible actuación contra Peinado en lo que considera un contexto más amplio de ataques contra jueces, fiscales y unidades policiales encargadas de investigar procedimientos relacionados con responsables políticos.
En su escrito menciona también a la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa relacionada con David Sánchez en Badajoz, y denuncia que su actuación ha sido objeto de cuestionamientos públicos y campañas de desacreditación.
Asimismo, se refiere a las críticas dirigidas contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y a las maniobras que, según la organización, buscarían erosionar la credibilidad de sus informes y de los agentes que intervienen en investigaciones que afectan a personas vinculadas al Gobierno.
Iustitia Europa considera que el CGPJ debe proteger la independencia de quienes ejercen la jurisdicción y no responder a presiones políticas dirigidas contra resoluciones que todavía pueden ser recurridas por los cauces legales establecidos.