El Supremo destapa la vía rápida de Ábalos: la empresa de Aldama conoció el contrato antes de hacerse público

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso mascarillas ha reconstruido cómo el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos puso en marcha dos contratos millonarios que terminaron en manos de Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama, cuando la oferta de la compañía ya circulaba por el departamento antes de que el procedimiento fuera conocido públicamente.

El Alto Tribunal considera probado que Ábalos, su entonces asesor Koldo García y Aldama actuaron de manera coordinada para orientar las compras de material sanitario hacia esta sociedad. Las operaciones permitieron a Soluciones de Gestión suministrar trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif por un importe conjunto de 32,5 millones de euros sin impuestos.

La primera adjudicación correspondió a Puertos del Estado, que adquirió ocho millones de unidades por 20 millones de euros más IVA. La segunda fue tramitada por Adif para comprar otros cinco millones de mascarillas por 12,5 millones más impuestos. Al sumar el IVA, el desembolso público alcanzó aproximadamente los 36 millones.

La oferta llegó antes que la orden ministerial

La secuencia que recoge el Supremo resulta especialmente reveladora. El 19 de marzo de 2020, apenas cinco días después de declararse el estado de alarma, Ábalos ordenó al entonces subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, activar una compra urgente de mascarillas a través de Puertos del Estado.

Al día siguiente, Koldo García se presentó en el despacho del subsecretario con una oferta concreta de Soluciones de Gestión. La propuesta llegó antes de que se publicara la orden ministerial que daba cobertura formal a la adquisición y fue la única que Gómez tenía en ese momento, por lo que fue remitida directamente al organismo público.

Las auditoras del propio Ministerio de Transportes que analizaron posteriormente estas compras señalaron durante el juicio que alguien tuvo que comunicar previamente a la empresa que el Gobierno preparaba la operación. Soluciones de Gestión conocía tanto la necesidad de material como las características de la futura contratación antes de su publicación oficial.

El procedimiento avanzó a una velocidad extraordinaria. La previsión inicial de Puertos del Estado era adquirir cuatro millones de mascarillas, pero la cantidad se duplicó hasta los ocho millones en apenas trece minutos. Según las pruebas examinadas durante el juicio, Koldo trasladó que el proveedor ofrecía “ocho millones o nada”.

Una vez iniciado el suministro a Puertos del Estado, Transportes reprodujo la misma fórmula en Adif. La empresa ferroviaria recibió desde la propia estructura del Ministerio el contacto de Soluciones de Gestión y acabó adjudicándole cinco millones de mascarillas más.

La compañía presentaba dudas de solvencia y existieron otras propuestas con mejores condiciones económicas. Sin embargo, los responsables continuaron con la empresa vinculada a Aldama alegando que ya había comenzado a entregar material a Puertos del Estado y que, en medio de la emergencia sanitaria, ofrecía mayores garantías de suministro.

La “omnipresencia” de Koldo dentro de Transportes

La Sala destaca en su resolución la actuación constante de Koldo García, pese a que como asesor del ministro no tenía competencias para intervenir en los procedimientos de contratación. El Supremo habla de una “excesiva omnipresencia” y considera que ejerció una influencia impropia sobre altos cargos y responsables de los organismos públicos.

Los magistrados concluyen que Ábalos utilizó su posición jerárquica, funcional y política para influir en los órganos de contratación y conseguir que las adjudicaciones recayeran sobre Soluciones de Gestión. Koldo actuó como enlace dentro del Ministerio y Aldama aportó la empresa y los contactos comerciales necesarios para desarrollar la operación.

La sentencia sostiene que los tres habían acordado aprovechar el poder de Ábalos como ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE para favorecer los intereses empresariales promovidos por Aldama a cambio de beneficios económicos.

Según la reconstrucción judicial, sobre una previsión inicial mucho mayor de compra de mascarillas, Ábalos habría reclamado una comisión de dos millones de euros y Koldo otros 500.000 euros. Aldama llegó a reflejar esas cantidades en sus previsiones de gastos.

El empresario obtuvo 3,7 millones de euros por su intervención en los dos contratos de Transportes. El Supremo, sin embargo, no le obliga a devolver íntegramente esa cantidad al descartar el delito de aprovechamiento de información privilegiada que sostenía la Fiscalía y limitar el decomiso relacionado con los cohechos.

La Sala también precisa que las mascarillas fueron entregadas y que la Administración necesitaba urgentemente el material. Por ese motivo, no considera probado que el precio pagado fuera excesivo ni que los contratos provocaran un perjuicio económico directo a Puertos del Estado o Adif.

Esa ausencia de quebranto patrimonial no elimina, según el tribunal, el carácter delictivo de la operación. La condena se apoya en que la contratación pública fue manipulada desde el interior del Ministerio para colocar como adjudicataria a una empresa previamente seleccionada y vinculada al círculo de Aldama.

El Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses. Aldama ha recibido una pena de cuatro años y medio, cuya ejecución ha quedado suspendida por su colaboración con la Justicia y por la aplicación de una atenuante de confesión muy cualificada.