PP y Vox tumban por primera vez las cuentas del Estado y fuerzan al Tribunal de Cuentas a revisarlas

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha rechazado este martes la declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024, una decisión que, según el Grupo Popular, no se había producido nunca antes en la historia parlamentaria.

La propuesta salió adelante con los votos del PP y Vox, que sumaron 20 apoyos, frente a los 15 reunidos por PSOE, Sumar y Geroa Bai. El resultado confirma el criterio que ya había adoptado la ponencia de la comisión el pasado 16 de junio.

La votación supone un revés para el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la gestión económica del Estado durante 2024. La mayoría formada por populares y Vox considera que el documento no puede darse por válido sin analizar las consecuencias de que el Ejecutivo haya mantenido prorrogados los Presupuestos y haya recurrido a distintas operaciones de deuda.

Además del dictamen principal, la comisión examinó varias propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios. Únicamente fue aprobada la registrada por el PP, mientras que el resto fueron rechazadas con la misma distribución de votos.

El PP denuncia incumplimientos constitucionales

La resolución popular pone el foco en la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado durante los últimos ejercicios. El PP sostiene que esta situación supone una falta de observancia de la Constitución que debía haber sido valorada expresamente por el Tribunal de Cuentas.

Los populares se apoyan en el artículo 134.3 de la Carta Magna, que establece que el Gobierno debe presentar el proyecto presupuestario ante el Congreso al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio anterior.

La resolución también menciona el artículo 135.3, según el cual el Estado y las comunidades autónomas deben contar con autorización legal para emitir deuda pública o contraer créditos. El PP considera que el Ejecutivo ha eludido esta exigencia durante los últimos años.

El texto aprobado recuerda que la propia ley reguladora del Tribunal de Cuentas incluye entre sus funciones comprobar la observancia de la Constitución en la gestión económico-financiera del sector público.

Con estos argumentos, la comisión insta al órgano fiscalizador a elaborar una nueva declaración sobre la Cuenta General del Estado y fija para ello un plazo “improrrogable e inexcusable” de tres meses.

El dictamen deberá pasar por Congreso y Senado

El resultado aprobado en la Comisión Mixta todavía deberá trasladarse a los plenos del Congreso y del Senado. Las dos Cámaras tendrán que pronunciarse sobre la no aprobación del informe referido a las cuentas estatales de 2024.

En caso de que las Cortes Generales confirmen el rechazo, la decisión será comunicada formalmente al Tribunal de Cuentas, que deberá presentar un nuevo informe conforme a lo establecido en el Reglamento parlamentario.