La trama de Leire Díez cerca al PNV y salpica al vicelehendakari socialista

La investigación sobre la trama de Leire Díez ha dejado de ser un problema exclusivo para el PSOE de Pedro Sánchez. Los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han abierto una vía especialmente incómoda para el Gobierno vasco y para el PNV al situar a destacados dirigentes nacionalistas y socialistas en el entorno de las gestiones desplegadas alrededor del rescate y posterior refinanciación de Tubos Reunidos.

Lo que comenzó como una investigación sobre la actuación de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso ha terminado proyectando una sombra política sobre algunas de las figuras más relevantes del poder vasco. Entre ellas aparecen el expresidente del PNV Andoni Ortuzar, el vicelehendakari socialista Mikel Torres y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

Hay un dato que afecta directamente al número dos del Ejecutivo de Imanol Pradales. Según la documentación incorporada a la causa, la UCO localizó 1.288 mensajes intercambiados entre Leire Díez y Mikel Torres entre los años 2020 y 2025. Los investigadores destacan especialmente las conversaciones relacionadas con Tubos Reunidos y los intentos de facilitar encuentros con responsables de la compañía cuando la situación financiera de la empresa se encontraba al borde del colapso.

La Guardia Civil señala que Leire Díez insistió en diversas ocasiones para que Torres recibiera a directivos de la empresa vasca mientras la compañía buscaba nuevas vías de apoyo institucional. La magnitud de las comunicaciones ha situado a Torres en una de las posiciones más incómodas del caso.

La dimensión política del asunto aumenta todavía más al aparecer el PNV en distintos episodios recogidos por los investigadores. La UCO sostiene que la red integrada por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habría utilizado su capacidad de acceso a dirigentes nacionalistas para facilitar el rescate de Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.

Uno de los mensajes incorporados al informe resulta especialmente llamativo. En julio de 2021, cuando la operación todavía se encontraba pendiente de aprobación, Vicente Fernández escribió a Antxon Alonso una frase que hoy examinan los investigadores: «Hablar tú el martes y aprobarse el siguiente martes». La UCO interpreta aquella conversación como una referencia a contactos con el PNV en pleno proceso de tramitación del rescate.

La segunda fase

Las sospechas no terminan en el rescate aprobado durante la pandemia. Según la investigación, los mismos intermediarios volvieron a movilizarse años después cuando Tubos Reunidos atravesaba una situación financiera extremadamente delicada. La empresa acabaría entrando en concurso de acreedores tras acumular graves problemas económicos agravados por la caída de su actividad y las dificultades en mercados internacionales.

Es precisamente en esa segunda fase cuando aparecen las reuniones que más inquietud generan en el PNV. Los investigadores sitúan a Andoni Ortuzar y a Joseba Aurrekoetxea en encuentros celebrados con Vicente Fernández y responsables de Tubos Reunidos para abordar cuestiones relacionadas con la devolución de las ayudas públicas y con determinadas obligaciones financieras pendientes ante la SEPI.

La UCO sostiene además que el grupo conocido como "Hirurok" habría percibido cerca de 247.000 euros por las gestiones realizadas tanto para la obtención del rescate como para actuaciones posteriores relacionadas con la compañía. Parte de esos pagos habrían sido canalizados mediante la sociedad Mediaciones Martínez, extremo que forma parte de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional.

Pedraz no suelta la presa

El caso ha adquirido tal dimensión que el juez Santiago Pedraz ordenó registros en las instalaciones de Tubos Reunidos y reclamó documentación a la propia SEPI para determinar el alcance de las actuaciones investigadas. Los agentes tratan de esclarecer si existió una utilización irregular de influencias políticas para favorecer decisiones relacionadas con dinero público.

Mientras tanto, tanto el PNV como Mikel Torres han rechazado cualquier actuación irregular. Los nacionalistas admiten contactos y reuniones en defensa de empresas estratégicas vascas, pero niegan cualquier participación en una trama de corrupción. Torres, por su parte, sostiene que su relación con Leire Díez responde a la larga vinculación política y personal existente en Portugalete y rechaza haber intervenido en favor de Tubos Reunidos.

La aparición simultánea de destacados dirigentes del PSOE y del PNV en los informes de la UCO amenaza con convertir el caso Tubos Reunidos en una de las mayores crisis políticas que ha afrontado el Gobierno vasco en los últimos años. Y la sensación en Vitoria y Bilbao es que todavía queda mucha información por aflorar.