La UDEF atribuye a Zapatero una comisión de 200.000 euros en Bolivia

La investigación del caso Plus Ultra acaba de incorporar una de las acusaciones más delicadas formuladas hasta ahora contra José Luis Rodríguez Zapatero. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un informe en el que atribuye al expresidente del Gobierno una operación de intermediación política en Bolivia en beneficio del Grupo Gloria, uno de los mayores conglomerados empresariales de Perú, por la que habría percibido una contraprestación económica de 200.000 euros.

La Policía sostiene que esos 200.000 euros no respondían a labores reales de asesoramiento, sino al pago por gestiones de lobby realizadas ante altas autoridades bolivianas. Según la tesis de los investigadores, la contraprestación económica habría sido canalizada mediante contratos de consultoría simulados destinados a proporcionar cobertura formal a una actividad de intermediación política.

El nuevo informe policial, fechado el pasado 22 de junio y entregado ya al magistrado instructor, sitúa el origen de estos indicios en el análisis del teléfono móvil de Gertrudis Alcázar, histórica secretaria de Zapatero e igualmente investigada dentro de la causa. Los agentes consideran que la documentación localizada en ese terminal permite reconstruir una operativa que conecta directamente los pagos investigados con diversas gestiones realizadas en Bolivia.

La UDEF describe una “dinámica de intermediación e influencias” orientada a favorecer los intereses empresariales del Grupo Gloria, un conglomerado con importantes inversiones en el sector cementero y presencia en varios países de América Latina. Según los investigadores, Zapatero habría utilizado su red de contactos políticos para facilitar reuniones y abrir canales de interlocución con responsables institucionales bolivianos en un momento especialmente sensible para la compañía.

Entre las actuaciones recogidas por la Policía figura la organización de encuentros entre directivos del grupo empresarial y miembros del Gobierno boliviano. Los agentes sostienen que Zapatero realizó gestiones para facilitar una reunión con el entonces ministro de Justicia del país y que también habría solicitado la mediación del expresidente Luis Arce para ayudar a desbloquear asuntos de interés para la empresa peruana.

La principal novedad del informe no es la existencia del pago, que ya había aparecido en fases anteriores de la investigación, sino la conclusión de la UDEF respecto a su finalidad. Los investigadores consideran que los 200.000 euros estarían directamente vinculados a esas labores de intermediación y no a servicios profesionales de asesoramiento legítimos, como se habría reflejado formalmente en la documentación contractual examinada durante la instrucción.

La referencia a esa cantidad ya apareció durante la declaración de Zapatero ante el juez Calama. El expresidente fue interrogado por un pago de 200.000 euros procedente de la firma peruana Focus Social Research. Sin embargo, cuando se le requirió una explicación más detallada sobre el contenido de los trabajos realizados, evitó concretar el alcance de esos servicios y defendió la legalidad de toda su actividad profesional.

La UDEF considera ahora que los elementos obtenidos durante los últimos meses permiten reforzar la hipótesis de que parte de esos ingresos estarían relacionados con la utilización de influencia política en América Latina. El informe incorpora conversaciones, comunicaciones internas y documentación que los agentes consideran relevantes para sustentar esa conclusión.

La aparición de este nuevo informe se produce además en un momento especialmente delicado para el entorno del expresidente. La Audiencia Nacional mantiene abiertas distintas líneas de investigación relacionadas con el caso Plus Ultra y ha ampliado las pesquisas sobre varias personas vinculadas a Zapatero, entre ellas sus hijas y la propia Gertrudis Alcázar.

Desde el inicio de la causa, Zapatero ha rechazado cualquier actuación irregular y ha defendido la legalidad de sus actividades privadas una vez abandonó la Presidencia del Gobierno. Sin embargo, las conclusiones alcanzadas ahora por la UDEF añaden una nueva dimensión al procedimiento al incorporar una supuesta operativa internacional que habría tenido como escenario Bolivia y como beneficiario a uno de los grupos empresariales más importantes de Perú.

El informe ya está en manos del juez Calama, que deberá decidir ahora si las conclusiones policiales justifican nuevas diligencias de investigación dentro de una causa que continúa creciendo y que, una vez más, vuelve a situar al expresidente socialista en el centro del foco judicial y político.