Las joyas de Zapatero cercan al expresidente: Calama abre la puerta a Hacienda

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria la posibilidad de personarse como perjudicada en la investigación abierta por las joyas intervenidas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y tasadas en más de 1,3 millones de euros.

La decisión figura en un auto judicial al que ha tenido acceso Vozpópuli, que adelanta este viernes el nuevo movimiento del magistrado dentro de la pieza separada del caso Plus Ultra abierta para esclarecer la procedencia de las alhajas y su posible tratamiento fiscal y aduanero.

Calama acordó el pasado 12 de junio investigar estos hechos de manera independiente ante la falta de documentación que permita acreditar, por el momento, el origen y la adquisición de las joyas. El instructor aprecia indicios que podrían encajar en delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando, aunque la existencia de ambos deberá determinarse durante la instrucción.

Las piezas fueron localizadas por la UDEF durante el registro del despacho del expresidente del Gobierno y han recibido una valoración provisional de 1.323.915 euros. La ausencia de facturas, justificantes tributarios o documentación aduanera ha llevado al juez a reclamar que se profundice en su procedencia.

Hacienda podrá intervenir como perjudicada

A partir de la resolución judicial, Calama ha trasladado a la Agencia Tributaria, a través de la Abogacía del Estado, la posibilidad de comparecer en el procedimiento como parte afectada.

La personación permitiría a Hacienda participar en las diligencias y analizar si la adquisición o recepción de las joyas generó obligaciones fiscales que no fueron satisfechas. El auto recuerda que unos bienes de este valor pueden quedar sujetos a distintos impuestos en función de cómo se produjera su transmisión.

Entre ellos podrían figurar el IVA, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el IRPF. Todo dependerá de si las piezas fueron compradas, heredadas, regaladas o recibidas mediante otra fórmula.

El magistrado considera que, si no se acredita su origen, la Agencia Tributaria podría imputar al expresidente una ganancia patrimonial no justificada en su declaración de la renta, sometida a un tipo marginal que podría situarse cerca del 46 %.

No obstante, la investigación tendrá que calcular primero qué cantidad habría dejado de ingresarse y en qué ejercicio fiscal. Para que exista delito contra la Hacienda Pública, la cuota presuntamente defraudada debe superar los 120.000 euros por impuesto y año.

La vía del posible contrabando

La Audiencia Nacional también investiga si las joyas pudieron entrar en España sin pasar por los controles aduaneros ni abonar los correspondientes derechos arancelarios y tributarios.

Calama señala que la falta de documentación aduanera impide descartar que las alhajas hubieran sido introducidas en territorio nacional de forma irregular. Su valor supera ampliamente los 150.000 euros, el umbral que puede dar relevancia penal a determinadas conductas relacionadas con el contrabando.

La pieza separada permitirá analizar estos hechos sin aumentar la complejidad de la causa principal del caso Plus Ultra, en la que se investigan, entre otros, posibles delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.