La trama Leire salta por los aires: imputada la presidenta de la SEPI y 24 personas más

La investigación judicial sobre las presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas ha dado un nuevo paso y sitúa ahora el foco sobre la actual dirección de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a su presidenta, Belén Gualda, dentro de la pieza del denominado caso Leire Díez.

La decisión del magistrado consta en una providencia en la que también se anticipa la citación de otras 24 personas al apreciar “indicios de criminalidad”. Entre ellas figuran el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga y Rosario Arévalo, exconsejera de Medio Ambiente en Castilla-La Mancha. La causa amplía así el alcance de una investigación que ya había puesto bajo la lupa la actividad de distintas empresas públicas y organismos vinculados al Estado.

La relevancia de este movimiento judicial no reside únicamente en el número de investigados, sino en el organismo al que afecta. La SEPI es el holding público que depende del Estado (concretamente del Ministerio de Hacienda) y que participa o controla compañías estratégicas y canaliza parte de la presencia empresarial del sector público, por lo que cualquier sospecha sobre el funcionamiento de sus procedimientos tiene una dimensión política e institucional mayor que la de una empresa ordinaria. 

Que la presidenta de la sociedad estatal haya sido citada como investigada y que el juez amplíe la causa a otras 24 personas eleva la presión sobre el Gobierno, no solo por el alcance de las pesquisas, sino porque la investigación apunta precisamente al uso presuntamente irregular de estructuras y entidades públicas vinculadas a la propia SEPI.

Pedraz asumió las pesquisas en diciembre de 2025 tras la detención de Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, al que la investigación vincula con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Según las sospechas recogidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones mediante una operativa que implicaría a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI. Los investigadores sitúan bajo sospecha un total de cinco operaciones.

En el marco de esa investigación, el instructor sostiene además que existía una relación previa entre Cerdán y Leire Díez. El magistrado apunta a que ambos formarían parte de una presunta trama de irregularidades en contratos vinculados a la SEPI y que habrían aprovechado su capacidad para orientar procedimientos administrativos con el objetivo de obtener un beneficio económico.

La resolución judicial va un paso más allá al señalar que Cerdán habría formado parte del denominado grupo “Hirurok”, actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, aunque —según la tesis del juez— desde un plano de jerarquía superior.

El Gobierno cierra filas con Gualda pese a la investigación

Lejos de marcar distancias, el Gobierno ha salido en defensa de la presidenta de la SEPI tras conocerse su citación como investigada. Fuentes del Ejecutivo han trasladado a Europa Press que mantienen “toda la confianza” en Belén Gualda y sostienen que en las diligencias abiertas por el juez Santiago Pedraz “no aparece ningún elemento que comprometa” a la responsable del holding público.

Moncloa ha insistido además en reivindicar el trabajo desarrollado por la actual dirección de la sociedad estatal y ha defendido el papel de la SEPI como instrumento que, según su versión, ha contribuido a preservar empleo. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha señalado que respetará las decisiones judiciales y colaborará con la investigación mientras pone en valor la actuación de los profesionales del organismo y el rigor de los expedientes tramitados a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

La citación de la presidenta de la SEPI supone un nuevo episodio de desgaste para una sociedad estatal que vuelve a quedar en el centro del debate por el control político sobre empresas públicas y por la gestión de procedimientos que ahora examina la Audiencia Nacional.