Leire Díez se revuelve contra la UCO: intenta frenar el rastreo de sus llamadas en plena investigación de la fontanería del PSOE

Leire Díez vuelve a mover ficha. Y no precisamente para aclarar el papel que, según las investigaciones, habría desempeñado en una de las tramas más incómodas para el PSOE de Pedro Sánchez, sino para intentar poner límites al trabajo de la Guardia Civil.

La exmilitante socialista ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de encargar a la Unidad Central Operativa el acceso a su listado de llamadas y mensajes de texto durante cinco años. Un periodo clave, entre octubre de 2020 y diciembre de 2025, que puede ayudar a reconstruir con quién habló, cuándo lo hizo y qué red de contactos rodeaba a la conocida como fontanera del PSOE.

Su defensa sostiene que la medida vulnera el secreto de las comunicaciones y constituye una “injerencia desmesurada y desproporcionada”. Pero lo cierto es que, en mitad de una investigación de enorme gravedad, Díez intenta evitar que la UCO complete el mapa de relaciones de una trama que salpica de lleno al entorno socialista.

La UCO, tras el rastro de la fontanera

La investigación que dirige Pedraz no es menor. Se enmarca en las pesquisas sobre presuntos amaños en contratos de la SEPI, que ya motivaron la detención de Leire Díez, del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y de Antxon Alonso, empresario y administrador de Servinabar, mercantil vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Los delitos investigados son de una gravedad evidente: malversación, prevaricación, tráfico de influencias y organización criminal. Y en ese contexto, el listado de llamadas y mensajes puede resultar fundamental para aclarar si existió una red de contactos, instrucciones o intermediarios alrededor de Díez.

La exmilitante socialista, sin embargo, intenta cerrar esa puerta. Su abogada, Eva Bejarano, alega que los hechos investigados se circunscriben al periodo 2021-2023 y que, por tanto, reclamar comunicaciones desde 2020 hasta 2025 excede el marco temporal de la causa.

La estrategia: desacreditar la incautación

El recurso va más allá. La defensa de Díez sostiene que la incautación de sus teléfonos fue “nula de pleno derecho” porque, según afirma, se produjo sin autorización judicial previa y con acceso ilegítimo a su contenido.

Es decir, la estrategia pasa por cuestionar el origen mismo de una prueba que puede ser decisiva. Bejarano acusa a la UCO de actuar sobre la base de “sospechas subjetivas” y reprocha que el oficio de la Guardia Civil estaría plagado de “generalidades” y “motivos vagos”.

Pero esa línea defensiva choca con la evidencia política del caso: Leire Díez no es una investigada cualquiera. Su nombre aparece ya asociado a una supuesta estructura paralela que, según se investiga en una pieza separada, habría buscado obstaculizar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE y el Gobierno.

El fantasma de Santos Cerdán y la trama socialista

La parte más delicada del caso es precisamente esa pieza separada en la que el juez investiga si Díez coordinó, bajo el supuesto liderazgo del exdirigente socialista Santos Cerdán, una presunta trama para interferir en causas judiciales que pudieran afectar al partido y al Ejecutivo.

Ahí está el verdadero terremoto político. Porque ya no se trata solo de contratos, de la SEPI o de una operación económica concreta. Se trata de saber si desde el universo socialista se habría articulado una maquinaria para vigilar, presionar o neutralizar investigaciones incómodas.

Por eso el listado de llamadas importa tanto. Porque puede dibujar el organigrama real de la fontanería. Puede mostrar quién llamaba a quién. Puede revelar la frecuencia de los contactos. Y puede ayudar a comprobar si Díez actuaba sola o si, como sospechan los investigadores, formaba parte de algo mucho más amplio.

Una maniobra para cortar el cable

Leire Díez presenta ahora su recurso bajo el paraguas de los derechos fundamentales. Está en su derecho. Pero políticamente la maniobra se lee de otra manera: como un intento de cortar el cable antes de que la UCO llegue al enchufe.

La defensa insiste en que no existe “base fáctica objetiva” para autorizar la medida y que la Guardia Civil no identifica suficientemente qué comunicaciones busca ni por qué serían relevantes. Sin embargo, en una causa por organización criminal, tráfico de influencias y presuntas maniobras para proteger al PSOE de investigaciones judiciales, conocer la red de llamadas de una de las principales investigadas parece bastante más que una diligencia caprichosa.

Además, Pedraz ya ordenó en marzo de 2026 a la UCO realizar un expurgo del material intervenido en casa de Díez para preservar toda aquella información ajena a la causa. Es decir, el propio juez ya contempló salvaguardas para separar lo privado de lo penalmente relevante.

Ferraz mira de reojo

El recurso de Leire Díez llega en el peor momento para el PSOE. Cada paso de la investigación agranda la sombra sobre Ferraz y sobre los años en los que determinados nombres del socialismo se movían en los márgenes del poder, de los contratos públicos y de las causas judiciales que podían incomodar al Gobierno.

La fontanera del PSOE quiere ahora poner puertas al rastreo de la UCO. Pero la Guardia Civil busca precisamente lo que más inquieta en Ferraz: el mapa de llamadas, contactos y relaciones de una mujer que puede convertirse en una pieza clave para entender hasta dónde llegó la maquinaria subterránea del sanchismo.

Leire Díez dice que la medida es desproporcionada. La pregunta, sin embargo, es otra: qué puede aparecer en esos cinco años de llamadas y mensajes para que su defensa haya decidido plantar batalla con tanta contundencia.