Tres muertes por sobredosis reabren el debate sobre el abandono de la atención a las adicciones en prisión
La falta de personal especializado, la ausencia de coordinación entre administraciones y el incremento de la entrada de sustancias estupefacientes en la cárcel de Algeciras sitúan el tratamiento de las drogodependencias en una situación crítica. El sindicato ACAIP denuncia que los equipos encargados de atender a los internos están prácticamente desmantelados y reclama medidas urgentes para evitar nuevas víctimas.
Interior de la prisión de Botafuegos.
La situación de la atención a las drogodependencias en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras el fallecimiento de tres internos por sobredosis durante 2025, el tratamiento de las adicciones dentro de la prisión vuelve a situarse en el centro del debate, mientras los responsables sindicales denuncian la falta de medios y la inacción de las distintas administraciones implicadas.
Según denuncia el sindicato de prisiones ACAIP, el equipo multidisciplinar encargado de atender a los reclusos con problemas de consumo de drogas se encuentra prácticamente desmantelado. La plantilla debería contar con un médico, un psicólogo, un administrativo y un trabajador social. Sin embargo, el centro lleva años sin médico, el psicólogo acaba de abandonar su puesto y el trabajador social únicamente presta servicio a tiempo parcial, una situación que, según el sindicato, resulta claramente insuficiente para atender a una población penitenciaria con un elevado porcentaje de internos con problemas de toxicomanía.
La complejidad administrativa tampoco ayuda a resolver el problema. Aunque el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y la salud de los internos, la atención específica a las drogodependencias corresponde a las consejerías autonómicas de Salud. En Andalucía, esta competencia se canaliza posteriormente a través de las diputaciones provinciales, un reparto de responsabilidades que, según denuncian desde ACAIP, acaba traduciéndose en una excesiva burocracia, escasa coordinación entre organismos y una evidente falta de recursos.
Las consecuencias del consumo de drogas dentro de prisión van mucho más allá de la salud de quienes las consumen. Instituciones Penitenciarias considera que la presencia de sustancias estupefacientes altera gravemente la convivencia en los módulos, incrementa el riesgo de agresiones, amenazas y coacciones contra los funcionarios y favorece la actividad de redes criminales que controlan el tráfico de drogas entre rejas. A ello se suma el peligro más grave: el incremento de las sobredosis mortales.
"Desde hace años el sindicato ACAIP se ha reunido con sus responsables". Desde la organización sindical aseguran haber mantenido numerosas reuniones con representantes de las diferentes administraciones competentes, entre ellas la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, responsables de la Diputación Provincial de Cádiz, la Jueza de Vigilancia Penitenciaria de Algeciras, la Subdelegación del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar e incluso el Defensor del Pueblo Andaluz. Sin embargo, denuncian que, pese a escuchar sus reivindicaciones, ninguna de estas instituciones ha adoptado medidas eficaces para revertir la situación.
El balance de 2025 refleja la gravedad del problema. Tres internos fallecieron por sobredosis dentro de Botafuegos tras consumir sustancias impregnadas en papel, un método que habría conseguido eludir los controles de acceso al recinto penitenciario. Según la información facilitada por ACAIP, ninguno de los fallecidos participaba en programas de deshabituación y tampoco se ha determinado con exactitud qué sustancias contenían los papelillos consumidos ni cuáles fueron sus efectos concretos.
Desde el sindicato de prisiones ACAIP reclaman una respuesta conjunta que combine actuaciones policiales para frenar la entrada de drogas, el refuerzo de los equipos humanos, la incorporación de medios tecnológicos, programas específicos de intervención y prevención, así como campañas de sensibilización dirigidas a la población reclusa.
"Se requieren soluciones integrales y coordinadas: investigaciones policiales, recursos humanos y tecnológicos, programas de intervención, formación y campañas de concienciación, con la única finalidad de reducir al máximo el número de víctimas. En las prisiones de Algeciras y Puerto 2 los equipos multidisciplinares están rotos, en Puerto 1 y Puerto 3 ni siquiera existen los equipos. ¿a qué esperan los señores responsables del gobierno central, autonómico y provincial? ¿más agresiones? ¿más amenazas? ¿más fallecidos?", concluyen desde ACAIP.