Aragón planta cara a Pedro Sánchez y pide paralizar la regularización extraordinaria de inmigrantes hasta que decida Europa

El Gobierno de Aragón ha dado un nuevo paso en su ofensiva judicial contra el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Ejecutivo autonómico ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito de alegaciones en el que solicita la suspensión cautelar de toda la tramitación administrativa hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determine si la norma es compatible con el Derecho comunitario.

La decisión llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo concediera a las partes un plazo para pronunciarse sobre la posible contradicción entre el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España y la normativa europea.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte, Mar Vaquero, ha explicado que el Ejecutivo autonómico mantiene su postura de solicitar que el Tribunal Supremo eleve una cuestión prejudicial ante el TJUE y, mientras tanto, paralice el procedimiento de regularización.

Desde el Gobierno aragonés sostienen que, cuando existe la posibilidad de que una norma vulnere el Derecho de la Unión Europea, resulta conveniente adoptar medidas cautelares para evitar consecuencias que posteriormente puedan resultar difíciles de revertir. En este sentido, consideran que si se suspendiera temporalmente la tramitación, las solicitudes simplemente quedarían pendientes de resolución hasta que se aclarara la legalidad del proceso.

Por el contrario, advierten de que continuar adelante con la iniciativa impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría generar importantes consecuencias para el interés general. Entre ellas, señalan el incremento de las cargas económicas y administrativas en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la vivienda, además del posible conflicto jurídico que podría abrirse entre España y las instituciones comunitarias si finalmente la normativa fuera declarada incompatible con el Derecho europeo.

Mar Vaquero ha defendido que el Gobierno de Aragón tiene la obligación de proteger los intereses de la comunidad autónoma cuando aprecia dudas sobre la legalidad de una decisión adoptada por el Ejecutivo central. En este sentido, ha afirmado que defender Aragón también implica garantizar que las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez respeten el marco jurídico vigente y se ajusten a la legislación europea.

La vicepresidenta autonómica también ha mostrado su preocupación por lo que considera una creciente inseguridad jurídica derivada de algunas decisiones del Gobierno de España. Según ha manifestado, el respeto al principio de legalidad no puede quedar relegado en la acción política, ya que ello, a su juicio, pone en riesgo el Estado de derecho y la seguridad jurídica.

Asimismo, ha recordado que las decisiones adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez no afectan únicamente a España, sino también al conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea, por lo que considera imprescindible cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa comunitaria.

Este movimiento forma parte del recurso contencioso-administrativo presentado por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón contra el Real Decreto que regula la regularización extraordinaria de inmigrantes. Dicho recurso fue autorizado por el Consejo de Gobierno autonómico el pasado 22 de abril, incluyendo desde el primer momento la petición de suspensión cautelar de la norma.

Durante la tramitación del procedimiento ya se celebró una vista ante el Pleno de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, donde los representantes jurídicos del Ejecutivo aragonés defendieron tanto la suspensión cautelar como la necesidad de que el alto tribunal consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la adecuación de la norma al Derecho comunitario.

Ahora será el Tribunal Supremo el que, una vez analizadas las alegaciones de todas las partes, incluida la Abogacía del Estado, decida si plantea finalmente la cuestión prejudicial ante el TJUE y si accede o no a la suspensión cautelar solicitada por el Gobierno de Aragón respecto a una de las medidas más controvertidas impulsadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.