El PP extremeño exige responsabilidades tras la imputación de una exconsejera socialista de Vara por presunto trato de favor
Los populares reclaman "máxima transparencia" ante la investigación a Olga García por la tramitación de una planta solar en Alcántara
La exconsejera socialista Olga García García y el portavoz parlamentario del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá,
El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha exigido explicaciones y responsabilidades tras conocerse la imputación de Olga García García, exconsejera de Transición Ecológica durante el Gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara y actual presidenta de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).
El portavoz parlamentario del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha lamentado que esta nueva investigación por presunta corrupción “vuelve a situar a Extremadura en el foco nacional” y ha reclamado que se esclarezcan cuanto antes los hechos.
La investigación afecta a la tramitación de la planta solar fotovoltaica ‘Tagus’, proyectada en el término municipal de Alcántara, en la provincia de Cáceres. En concreto, las pesquisas se centran en un posible trato de favor durante la concesión de una Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto.
Según ha señalado Sánchez Juliá, la Fiscalía aprecia posibles irregularidades que podrían encajar en un delito de prevaricación administrativa, ante los indicios de que se habrían aplicado criterios diferentes a los establecidos en la normativa medioambiental nacional y europea.
Desde el PP extremeño consideran especialmente grave que la investigada ocupara una de las principales responsabilidades políticas en materia medioambiental durante la última legislatura de Fernández Vara y que actualmente presida una empresa pública estatal con una importante presencia e impacto en Extremadura.
“Estamos hablando de una responsable pública que dirigió la política medioambiental de la Junta y que ahora ocupa un puesto de máxima relevancia en Enresa”, ha advertido el portavoz popular.
España
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Patricia Rodríguez Corchado
Sánchez Juliá ha asegurado que este asunto “no puede considerarse un caso aislado” y ha relacionado la investigación con otras informaciones que, según el PP, están perjudicando la imagen de las instituciones extremeñas.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha reclamado “máxima transparencia, explicaciones inmediatas y la asunción de responsabilidades” por parte de quienes estuvieron al frente del anterior Ejecutivo autonómico.
El portavoz popular ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se tramitaron las autorizaciones de la planta fotovoltaica y si las decisiones adoptadas respetaron los procedimientos y criterios exigidos por la legislación.
“Extremadura merece estabilidad, ejemplaridad en la gestión pública y unas instituciones que estén a la altura de los extremeños”, ha concluido Sánchez Juliá.