La escandalosa cantidad de dinero que ha llevado a Jésica Rodríguez, la ex de Ábalos, a estar imputada

La investigación judicial sobre la denominada rama pendiente del Caso Koldo da un nuevo paso. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, ha acordado citar como investigada a Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, por las contrataciones que mantuvo en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

La comparecencia ha sido fijada para el próximo 20 de julio. Ese mismo día también deberán prestar declaración como investigados Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo García, e Ignacio Zaldívar de la Rica, responsable de las gestiones relacionadas con su incorporación a proyectos vinculados con ADIF.

La causa gira en torno a los aproximadamente 43.950,54 euros que percibió Rodríguez durante su paso por ambas sociedades públicas: 34.450 euros netos en Ineco y otros 9.500,54 euros en Tragsatec.

La decisión del magistrado se produce después del informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que condenó a José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años.

En su escrito, el fiscal Luis Pastor recuerda que «la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su sentencia 418/2026, de 22 de junio, ha declarado como probados hechos que guardan una íntima conexión con los aquí investigados, lo cual ha de tener unas indudables consecuencias a la hora de tratar de determinar las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivar para los terceros relacionados con los hechos y no enjuiciados por el Tribunal Supremo».

El representante del Ministerio Público explica además que esos hechos están «relativos a la contratación de Dña. Jesica Rodríguez por parte de Ineco y Tragsatec, respecto de los cuales ya fueron practicadas diligencias, como consecuencia del testimonio remitido por el Excmo. Sr. Magistrado-Instructor de la Causa Especial 20775: recibir declaración en calidad en investigada a Dña. Isabel Pardo de Vera, recibir declaración en calidad de testigos al personal de Ineco y Tragsatec encargado de la contratación de Dña. Jessica Rodríguez y recabar determinada documentación de los citados entes públicos».

No obstante, Anticorrupción sostiene que la prueba practicada durante el juicio ha abierto una nueva línea de investigación. Según recoge el escrito, «en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se revelan, como consecuencia de la prueba practicada en el acto del juicio oral, datos que apuntan a la intervención en tales hechos de personas respecto de las que todavía no se ha procedido a atribuirlas la condición de investigadas por su participación en la contratación de Dña. Jessica Rodríguez».

La resolución del Tribunal Supremo también afirma de forma expresa que «Jésica Rodríguez no llegó, con conocimiento y plena aceptación del acusado José Luis Ábalos, a desempeñar trabajo o función alguna durante todo el tiempo que permaneció como empleada de Ineco».

La sentencia añade igualmente que, mientras figuraba como empleada de la empresa pública, realizó al menos trece desplazamientos junto al entonces ministro sin que existiera constancia de que solicitara permisos o autorizaciones. Asimismo, destaca que no acudió a las oficinas ni desarrolló actividad laboral durante la vigencia del contrato y que, pese a ello, percibió un salario neto de 34.450 euros financiado por ADIF a través de Ineco.

Partes de trabajo con errores y referencias a Joseba García

Durante su etapa en Ineco, Rodríguez remitía telemáticamente los partes de actividad correspondientes al proyecto para ADIF. Sin embargo, varios de esos documentos presentaban incidencias, entre ellas la inclusión de trabajos supuestamente realizados en jornadas festivas, lo que obligó a solicitarle correcciones.

En esos partes indicaba que realizaba funciones administrativas para Joseba García. Además, responsables del proyecto le reclamaron en distintas ocasiones que concretara mejor las tareas desarrolladas y completara correctamente la documentación remitida, requerimientos que nunca llegaron a ser atendidos.

El fiscal también recoge que esos intentos de contacto provocaron la intervención de José Luis Ábalos, quien trasladó a la entonces presidenta de ADIF que su pareja estaba siendo objeto de molestias por parte de los responsables del contrato.

El paso de Ineco a Tragsatec

Cuando el contrato en Ineco se aproximaba a su final, en noviembre de 2020, según sostiene Anticorrupción, Ábalos habría impulsado nuevas gestiones, a través de Koldo García, para garantizar la continuidad laboral de Rodríguez en otra empresa pública vinculada a ADIF.

La Fiscalía sostiene que la entonces presidenta de ADIF trasladó esa petición a Ignacio Zaldívar de la Rica, director de Gestión Administrativa del organismo, para que buscara una solución.

Según el relato del Ministerio Público, Zaldívar contactó con Jésica Rodríguez el 23 de noviembre de 2020 para solicitarle su currículo. Una vez recibido, lo remitió a los responsables de contratación de Tragsatec, concretamente a Virginia Barbancho. Posteriormente volvió a insistir en enero de 2021, explicando que Rodríguez mantenía una relación con el ministro Ábalos y que existía interés por parte de la presidencia de ADIF en facilitar su contratación.

Finalmente, tras concluir su contrato en Ineco el 28 de febrero de 2021, Rodríguez fue incorporada apenas dos días después a Tragsatec, donde permaneció el tiempo suficiente para percibir otros 9.500,54 euros, cantidades que ahora forman parte de la investigación que instruye la Audiencia Nacional.