El CGPJ acusa a Justicia de bloquear miles de demandas contra la banca: 12.470 casos quedarán sin resolver por el veto a los refuerzos
El órgano de gobierno de los jueces exige una reunión urgente con el Ministerio tras negarse a financiar los refuerzos judiciales. Un informe interno alerta de un colapso que afectará especialmente a Madrid, la Comunidad Valenciana y Barcelona.
Félix Bolaños y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
El pulso entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha subido de intensidad. El órgano de gobierno de los jueces ha decidido plantar cara al Ejecutivo y exigir la convocatoria urgente de la Comisión Mixta entre ambas instituciones después de que el departamento ministerial rechazara financiar la continuidad de los refuerzos en los órganos judiciales especializados en reclamaciones por cláusulas abusivas. La decisión, adoptada por unanimidad por la Comisión Permanente, llega acompañada de un informe del Servicio de Inspección que pone cifras al impacto de esa medida: al menos 12.470 procedimientos quedarán sin resolver durante el segundo semestre de 2026.
El Consejo considera que la negativa del Ministerio no solo agravará el atasco que ya sufren estos órganos judiciales, sino que comprometerá el derecho de miles de ciudadanos a obtener una resolución en un plazo razonable. Por ese motivo, además de solicitar la reunión urgente con el departamento que dirige el Ejecutivo, ha reiterado formalmente su petición para que se revoque la decisión adoptada el pasado 29 de junio y se mantengan las comisiones de servicio que permiten reforzar la actividad de los tribunales especializados en litigios sobre condiciones generales de la contratación, especialmente aquellos relacionados con cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios.
El informe elaborado por el Servicio de Inspección refleja un panorama especialmente preocupante. Si no se prorrogan los refuerzos, miles de procedimientos quedarán pendientes de resolución antes de finalizar el año. La Comunidad Valenciana será el territorio más perjudicado, con más de 5.400 asuntos que no podrán resolverse. Madrid sufrirá un retraso cercano a los 4.650 procedimientos y Barcelona acumulará alrededor de 2.400 expedientes pendientes entre la Audiencia Provincial y el tribunal especializado.
La situación de Barcelona es una de las que más inquieta al CGPJ. El Tribunal de Instancia número 50, especializado desde 2017 en este tipo de litigios, dejará de dictar unas 1.800 sentencias durante los próximos seis meses como consecuencia de la desaparición de las cinco comisiones de servicio que reforzaban su plantilla. Según el informe remitido por la presidencia del propio tribunal, esta circunstancia provocará que el tiempo medio de resolución de los procedimientos pase de aproximadamente dos años a, como mínimo, cuatro. Todo ello en un órgano que ya soporta una carga de trabajo extraordinaria, con más de 31.000 procedimientos en tramitación y más de 15.000 demandas pendientes incluso de ser incoadas.
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Las consecuencias, además, ya se están dejando sentir en distintos órganos judiciales. En Castellón han tenido que suspenderse 95 audiencias previas previstas para el mes de julio tras finalizar la comisión de servicio del magistrado de refuerzo. En Madrid, el Tribunal de Instancia número 101 ha cancelado 150 vistas ya señaladas, mientras que el número 104 ha suspendido 318 audiencias previas y cinco juicios. El Servicio de Inspección advierte de que todas estas actuaciones deberán volver a señalarse, lo que incrementará todavía más la carga de trabajo de los servicios comunes y prolongará aún más los tiempos de respuesta.
No es la primera vez que el Consejo alerta sobre esta situación. El pasado 1 de julio ya solicitó al Ministerio que reconsiderara la negativa a autorizar económicamente los refuerzos previstos en 62 órganos judiciales de toda España. En aquel acuerdo, aprobado también por unanimidad, el CGPJ advirtió de que la desaparición de estas medidas obligaría a paralizar actuaciones jurisdiccionales «necesarias e imprescindibles» y pondría en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló
Ahora, con los datos del Servicio de Inspección sobre la mesa, el órgano de gobierno de los jueces ha elevado el tono y reclama una reunión urgente para intentar desbloquear una situación que, a su juicio, agravará de forma notable el colapso de los juzgados especializados en litigios de consumo durante los próximos meses.
Mientras tanto, el Ministerio mantiene que la continuidad de estos refuerzos ha dejado de ser necesaria porque el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de 500 nuevas plazas judiciales y porque la entrada en vigor de la Ley de eficiencia permitirá reorganizar los recursos disponibles. Sin embargo, en el CGPJ recuerdan que esas nuevas plazas destinadas a las secciones civiles de los tribunales de instancia no comenzarán a funcionar hasta el 1 de noviembre de 2027. Eso significa, sostienen, que durante más de un año desaparecerán unos refuerzos que hoy resultan imprescindibles para evitar que miles de reclamaciones de consumidores contra las entidades financieras sigan acumulándose en los juzgados.
Y mientras ese pulso institucional continúa abierto, quienes verán retrasada la resolución de sus demandas serán miles de ciudadanos. Un escenario que, en la práctica, también concede más tiempo a las entidades bancarias para afrontar las reclamaciones presentadas contra ellas.