Las exmonjas de Belorado recurren ahora al Derecho Canónico para defender el uso de las pensiones de las ancianas

No hay semana sin novedades en el caso de las exmonjas de Belorado. Apenas unos días después de conocerse que las siete exreligiosas que mantienen el cisma se sentarán en el banquillo de un juzgado de Bilbao por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, coacciones, abandono y malos tratos a cinco monjas de avanzada edad, las acusadas han hecho pública una respuesta que introduce un giro llamativo en su estrategia de defensa.

Durante más de dos años sostuvieron que, tras romper con Roma, el Derecho Canónico había dejado de serles aplicable. Sin embargo, ahora recurren precisamente a esa normativa eclesiástica para defender que el ingreso de cuatro pensiones de las religiosas mayores en cuentas personales se ajustaba a las reglas que rigen la vida religiosa.

El cambio de planteamiento resulta especialmente significativo. Desde que formalizaron su ruptura con la Iglesia Católica en mayo de 2024, las exreligiosas habían insistido en que ya no estaban sometidas a la legislación canónica. No obstante, para justificar ahora el destino dado a las pensiones invocan los preceptos que establecen que los ingresos personales de monjes y monjas pasan a integrarse en el patrimonio común de la comunidad religiosa.

La situación jurídica, sin embargo, había cambiado sustancialmente. La excomunión decretada en junio de 2024 supuso también su expulsión de la vida religiosa, por lo que dejaron de pertenecer jurídicamente a la comunidad de clarisas de Belorado. Además, tras el nombramiento del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, la gestión económica de los monasterios pasó a depender de la comisión designada para administrarlos.

Ante la imposibilidad de disponer de esas cuentas, las exreligiosas abrieron varias cuentas bancarias personales en las que figuraban como titulares las monjas mayores —que no habían sido excomulgadas— y como cotitular o apoderada una de las procesadas. En esas cuentas comenzaron a recibirse las pensiones de cuatro de las ancianas, sobre las que las acusadas tenían poderes de representación.

Según recoge el auto judicial, eran las propias procesadas quienes realizaban los movimientos bancarios. La investigación sostiene que parte de esos fondos se destinó a sufragar gastos relacionados con las nuevas actividades económicas impulsadas por las exreligiosas, entre ellas el restaurante abierto en Asturias y el criadero de perros, además de realizar transferencias a la cuenta personal de la exabadesa. Desde esa misma cuenta, añade la resolución, se efectuaron posteriormente ingresos a favor de dos de sus hermanos. Estos hechos sustentan las acusaciones por administración desleal y apropiación indebida.

Frente a esas imputaciones, las procesadas defienden que el dinero tuvo el mismo destino que tradicionalmente habían tenido todos los ingresos del monasterio. «El uso que las monjas han dado a las pensiones es el mismo que el de todos los ingresos del monasterio, pues se incorporaban a la caja común igual que en todo monasterio de clausura: el pago de los gastos de la comunidad, entre ellos los generados por la atención de las propias mayores», afirman en un comunicado firmado por las «Monjas de Belorado».

Para respaldar esa explicación, y en respuesta a preguntas de su responsable de prensa, Francisco Canals, sor Berit cita expresamente tanto el Código de Derecho Canónico de 1917 como el vigente de 1983, además de las constituciones de las clarisas. En un vídeo grabado en la localidad toledana donde residen actualmente, sostiene que la normativa eclesiástica establece que las religiosas viven «sin lo propio» y que todos los bienes personales se incorporan al patrimonio común.

La exreligiosa refuerza ese argumento recurriendo a su experiencia anterior en otra congregación. Explica que durante años ejerció como profesora en colegios concertados y que nunca administró directamente el salario que percibía porque era la congregación quien gestionaba todos los ingresos. «Yo no sabían ni cual era mi nómina, ni en que banco se ingresaba, a mí me pagaban una RETA [el régimen de autónomos en el que tienen que estar dados de alta los religiosos] y yo no me enteraba de nada», afirma para defender que ese modelo responde al voto de pobreza propio de la vida religiosa. Sin embargo, no hace referencia a que, tras su expulsión de la vida consagrada, dejaron de actuar jurídicamente como miembros de una comunidad religiosa y pasaron a hacerlo como particulares.

Rechazan las acusaciones

Las siete procesadas también niegan el resto de los delitos que les atribuye el juzgado. Califican de «imaginario» el delito de coacciones y aseguran que las cuatro religiosas mayores manifestaron tanto ante la Guardia Civil como ante el juzgado su voluntad de permanecer junto a ellas.

Asimismo, rechazan haber incurrido en malos tratos o abandono. Según sostienen, cuando las ancianas fueron trasladadas al hospital presentaban un estado de salud «plenamente normal», estaban correctamente hidratadas y alimentadas y recibían la medicación prescrita. Las referencias a problemas de higiene, falta de cuidados o situaciones de riesgo con animales son, a su juicio, «burdas mentiras» difundidas por personas que nunca convivieron con ellas en el monasterio.

En relación con las pensiones, las exclarisas dirigen también sus críticas al comisario pontificio, Mario Iceta. Consideran que era «lo más normal del mundo» que fueran ellas quienes administraran las prestaciones de las religiosas a las que cuidaban diariamente y califican de «ilógico» que esos ingresos fueran percibidos por alguien que no convivía con ellas. También reprochan que el comisario recibiera las prestaciones entre junio y diciembre de 2024, antes de que ellas abrieran las cuentas personales, y sostienen que todavía continúa percibiendo las correspondientes a dos de las ancianas, un extremo que, afirman, no ha sido investigado.

Las procesadas niegan igualmente que el dinero se destinara a fines particulares. Aseguran que tanto el restaurante como el criadero de perros únicamente perseguían generar recursos para el sostenimiento de la comunidad tras perder la principal fuente de ingresos derivada de la elaboración de chocolates.

Coincidiendo con la difusión de este comunicado, las exreligiosas han introducido además un cambio en su defensa jurídica. Tras conocerse el auto de apertura de juicio oral, han prescindido de la abogada bilbaína Norma Riaño, que hasta ahora había dirigido los principales procedimientos derivados del cisma. Su representación pasa al abogado madrileño Florentino García González, también psicólogo y criminólogo, que asumirá la defensa de las siete acusadas durante el juicio oral una vez finalicen las notificaciones y el juzgado fije la fecha de la vista.