La Justicia vuelve a golpear al Gobierno: el Supremo va ahora contra un diputado de Sumar

La ofensiva judicial que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez suma un nuevo capítulo. Apenas unas horas después del terremoto político provocado por la condena a David Sánchez y al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, el Tribunal Supremo ha abierto un nuevo frente para la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo. En esta ocasión, el foco se desplaza hasta Sumar, después de que el alto tribunal haya solicitado al Congreso el suplicatorio para poder actuar penalmente contra el diputado de En Comú Podem Félix Alonso Cantorné.

El magistrado de la Sala Segunda Vicente Magro considera que existen indicios suficientes para investigar al parlamentario por un presunto delito de prevaricación relacionado con la adjudicación de contratos durante su etapa como alcalde de Altafulla (Tarragona). La petición llega después de que el Supremo asumiera la causa remitida por el Juzgado de Instancia número 4 de El Vendrell y tras tomar declaración voluntaria al diputado el pasado 15 de junio.

El auto resulta especialmente duro con la gestión de aquellas contrataciones. El instructor aprecia indicios de un "uso indebido" de la figura del contrato menor para cubrir necesidades permanentes del Ayuntamiento, una práctica contraria a la legislación sobre contratación pública. Además, describe una "absoluta falta de procedimiento" y sostiene que se recurrió de forma irregular tanto a prórrogas como a contratos menores.

Voluntad de introducir "empresas con vinculación política"

Pero la resolución va todavía más allá. El magistrado apunta a la existencia de una voluntad expresa de introducir "empresas con vinculación política" mediante el recurso sistemático al contrato menor, evitando así la aplicación de los procedimientos ordinarios previstos en la legislación estatal sobre contratación administrativa. Para el instructor, esos indicios son ya lo suficientemente consistentes como para solicitar al Congreso la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Félix Alonso y poder continuar la investigación penal.

La Fiscalía respaldó el pasado 2 de julio la petición del suplicatorio, mientras que el propio diputado solicitó al Supremo que no lo elevara a la Cámara Baja. Sin embargo, el magistrado entiende que la investigación ha alcanzado un punto en el que resulta imprescindible obtener la autorización prevista en el artículo 71 de la Constitución para continuar el procedimiento.

Mientras, el PSOE trata todavía de contener el impacto político de la sentencia que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno y al exlíder socialista extremeño Miguel Ángel Gallardo, mientras ahora es Sumar quien pasa a ocupar el foco judicial con uno de sus diputados investigado por el Supremo.

Aunque ambos procedimientos no guardan relación entre sí, la coincidencia temporal agrava la presión sobre el Gobierno de coalición. En apenas unas horas, Moncloa ha visto cómo los tribunales situaban en el centro de la actualidad judicial tanto al entorno más próximo de Pedro Sánchez como a uno de los representantes de su principal socio parlamentario. Una sucesión de frentes que vuelve a colocar al Ejecutivo a la defensiva en pleno parón estival del curso político.