Sánchez recurrirá la condena a su hermano: "Otra sentencia injusta no hará caer a este Gobierno"

Es materialmente imposible. No hubo tiempo suficiente. La condena a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, se conoció unos pocos minutos antes de que la ministra portavoz se sentara en la mesa de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Ni recurriendo a la inteligencia artificial hubieran sido capaces de analizar detenidamente la sentencia el millar de asesores gubernamentales.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno a la condena del 'hermanísimo' es inmediata. Se hace público la sentencia que le impone nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público y el ala oeste del Palacio de la Moncloa despliega argumentario, relato y propaganda con una posición política rotunda: considera que el fallo es "una barbaridad", sostiene que se ha condenado a "un inocente sin pruebas" y anuncia que recurrirá la resolución ante instancias superiores.

La rapidez con la que el Ejecutivo articuló su respuesta resulta especialmente significativa. La resolución judicial cuenta con 378 folios en los que el tribunal expone de manera pormenorizada los hechos considerados probados, la valoración de las pruebas practicadas durante el juicio y la fundamentación jurídica que conduce a la condena de David Sánchez. Pero también a la de Miguel Ángel Gallardo, el exlíder de los socialistas extremeños. Y la de los otros nueve nombres propios que aparecen en el fallo condenatorio de la sentencia. 

La inmediatez de la reacción gubernamental evidencia que la Presidencia del Gobierno priorizó una respuesta política antes que un análisis jurídico detallado del contenido íntegro de la sentencia emitida por unanimidad entre tres magistrados. ¿También hay 'lawafare' en este caso y con estos jueces?.

Las fuentes gubernamentales trasladan entonces un mensaje unívoco. "Es una barbaridad que se condene a un inocente sin pruebas. Se va a recurrir la sentencia. Afortunadamente, en este país hay instancias superiores que pueden decidir", aseguraron, insistiendo en que durante el juicio "era evidente que no había ninguna prueba de ningún delito" y que el Ejecutivo esperaba una absolución, tanto para David Sánchez como para Miguel Ángel Gallardo.

Estrategia: desacreditar el fallo en "instancias superiores"

En su argumentación, Moncloa estableció además un paralelismo con otras resoluciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

"La sentencia al fiscal general del Estado sentó un precedente en nuestro país. Son sentencias injustas y esperamos que las instancias superiores las corrijan", señalaron las mismas fuentes, ampliando esa confianza a la situación procesal de Begoña Gómez: "Creemos y confiamos en las instancias superiores".

De este modo, el Gobierno construye un relato común para los distintos procedimientos judiciales que afectan al círculo más próximo de Pedro Sánchez: defender la inexistencia de pruebas, cuestionar la interpretación realizada por los tribunales y confiar en que los órganos judiciales superiores revoquen las decisiones adoptadas. 

Siempre la misma estrategia y los pasos para ponerla en práctica. En primer lugar, se insiste en que "no hay nada" en este caso. Los acusados son "inocentes" y los tribunales lo "demostrarán". También se apela a que "se impondrá la justicia", mientras se coloca a la Fiscalía al servicio del acusado. Cuando finalmente llega el mazazo judicial en forma de condena, se pone en tela de juicio el fallo, se insiste en la "inocencia" y se anuncia recurso a tribunales superiores. Este es el manual de resistencia 'sanchista' ante los varapalos de los tribunales.  

Por no hablar del momento en el que la ministra portavoz falta a la verdad. Elma Saiz aseguró que el origen de todo se debe a una "denuncia de una organización ultraderechista". No es cierto. Fue Podemos quien abrió la caja de Pandora y puso el foco sobre la adjudicación de la plaza al hermano de Sánchez. El exdiputado de la formación de izquierda radical, Álvaro Jaén, alertó de las irregularidades y, a partir de ahí, comenzó a investigarse ese controvertido puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz.

"Perseguir a la familia del Presidente del Gobierno"

La reacción de Moncloa fue incluso más allá de la crítica jurídica y entró de lleno en el terreno político. "Si solo hay un párrafo en el que se apoya la condena a David Sánchez, nos estamos quedando cortos. Se trata de una causa política cuyo único motivo de existencia es acosar y perseguir a la familia del presidente del Gobierno", afirmaron las fuentes consultadas.

En esa misma línea, las fuentes cercanas a la Presidencia del Gobierno sostienen que "hay jueces que se equivocan y sentencias injustas", reiterando que el Ejecutivo discrepa del criterio mantenido por el tribunal y que la resolución será recurrida.

"No hay pruebas", repiten machaconamente, a la vez que rechazan que la condena pueda sustentarse sobre la prueba practicada durante el procedimiento.

El ala oeste de la Moncloa niega cualquier impacto político

Pese a la gravedad política que supone la condena del hermano del presidente del Gobierno, el Ejecutivo quiso enviar un mensaje de fortaleza y descartó cualquier consecuencia para la estabilidad parlamentaria.

"Una sentencia injusta no va a hacer caer a este Gobierno", afirman de manera categórica. En cualquier democracia de nuestro entorno, escándalos atrás y sentencias pasadas habrían hecho caer al jefe del Ejecutivo. 

Estas mismas fuentes gubernamentales ahora sí se fijan en determinados sondeos, para hacer una lectura partidista. "Las encuestas dicen que la gente piensa que se está politizando la Justicia", señalan, vinculando esta idea con otras investigaciones abiertas contra personas próximas al presidente.

En ese contexto, también hacen referencia al juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, al mencionar la existencia de "denuncias falsas y jueces como Peinado", reforzando la tesis presidencialista de que determinadas actuaciones judiciales responderían a una estrategia de desgaste político.

Ataque a la judicatura antes de la respuesta jurídica

Más allá del contenido concreto de las declaraciones, la secuencia temporal de los acontecimientos revela el plan seguido por el Ejecutivo. La condena es respondida desde un primer momento en términos políticos, con un discurso cerrado que califica el fallo de "injusto", niega la existencia de pruebas y anuncia inmediatamente su impugnación.

La resolución judicial, sin embargo, desarrolla a lo largo de 378 páginas la valoración realizada por el tribunal sobre las pruebas practicadas durante el juicio y los fundamentos que sustentan la condena. Cabe recordar, muy especialmente al batallón de asesores de este Gobierno de coalición PSOE-Sumar, que precisamente ese razonamiento jurídico será objeto de revisión, a partir de ahora, en la vía de recurso. Dato mata relato.

Hasta que los tribunales superiores se pronuncien, el Gobierno apuesta por convertir la defensa de David Sánchez en un nuevo frente político, como ya hizo con el caso del fiscal general del Estado condenado -Álvaro García Ortiz-. 

Desde la Moncloa, desde Ferraz y desde el resto de satélites sincronizados presentan la sentencia como un episodio más de la presión que, a su juicio, sufre el entorno familiar del presidente del Gobierno, mientras descartan rotundamente que la condena al 'hermanísimo' tenga capacidad para alterar la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo.

La realidad, mientras tanto es que el presidente del Gobierno prefiere guardar silencio y manda a sus ministros más afines a salir en tromba contra el fallo condenatorio que deja a su entorno más cercano, por ahora, con tres mazazos judiciales: el del ex fiscal general del Estado, el de José Luis Ábalos, el de su hermano... y los que estarían por venir.