JUCIL exige la dimisión inmediata Mercedes González y del DAO por las presuntas injerencias políticas
La asociación reclama que ambos abandonen sus cargos mientras la Justicia investiga posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en el marco del caso Leire Díez.
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, junto al DAO, Manuel Llamas.
JUCIL ha reclamado la dimisión inmediata de la directora general de la Guardia Civil y del director adjunto operativo (DAO) tras las últimas revelaciones incorporadas al procedimiento judicial sobre las supuestas injerencias políticas en el funcionamiento de la Benemérita.
La asociación profesional, personada como acusación en la causa vinculada al denominado caso Leire Díez, sostiene que la permanencia de ambos responsables en sus puestos resulta incompatible con la gravedad de los hechos que se investigan. El procedimiento analiza la posible comisión de delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
La petición coincide con el inicio de las comparecencias judiciales. Según la nota difundida por JUCIL, el DAO ha sido el primero en declarar, mientras que la comparecencia de la directora general de la Guardia Civil está prevista para este viernes.
La organización considera que las informaciones conocidas durante los últimos días han elevado la preocupación por una posible utilización política de la cadena de mando de la Guardia Civil.
Entre esos episodios se encuentran las manifestaciones atribuidas al general Fernando Mora, quien habría denunciado presiones para que no asistiera a un acto institucional organizado por la Comunidad de Madrid. JUCIL advierte de que, en caso de confirmarse, estos hechos supondrían emplear la estructura jerárquica del cuerpo con criterios ajenos a la neutralidad que debe regir su funcionamiento.
El general Mora habría recordado al jefe del Mando de Operaciones que la lealtad dentro de la Guardia Civil debe funcionar en ambos sentidos: tanto desde los subordinados hacia sus superiores como desde los mandos hacia los agentes que se encuentran bajo su responsabilidad.
Para JUCIL, las nuevas revelaciones y las diligencias judiciales abiertas configuran un escenario de «extraordinaria gravedad» que amenaza con deteriorar la imagen de la Guardia Civil y con debilitar la confianza de los ciudadanos en la independencia de la institución.
«Cada día se conocen nuevos indicios y nuevas informaciones sobre posibles interferencias políticas. La situación es ya insostenible», señala la asociación, que confía en que la investigación permita aclarar unos hechos que afectan directamente a la credibilidad y al prestigio del instituto armado.
JUCIL explica que decidió personarse en el procedimiento porque entiende que la causa trasciende las posibles responsabilidades individuales. La investigación trata de determinar si se llevaron a cabo actuaciones destinadas a interferir en investigaciones judiciales o en el funcionamiento habitual de la Guardia Civil.
La asociación insiste en que ningún responsable puede utilizar la cadena de mando para condicionar la representación institucional ni el trabajo de los investigadores. Por este motivo, reclama que la directora general y el DAO abandonen temporalmente sus responsabilidades mientras se esclarece lo sucedido.
«La permanencia en sus cargos de quienes están siendo investigados resulta incompatible con la gravedad de los hechos y con la necesidad de preservar la confianza en la Guardia Civil», sostiene JUCIL.
El secretario general de la organización, Ángel Lezcano, ha asegurado que la asociación continuará defendiendo la independencia de las investigaciones, la neutralidad política de la Guardia Civil y la protección de los agentes frente a cualquier presión o interferencia externa.