Begoña Gómez quiere evitar de nuevo pasar por la vergüenza del juzgado y desafía la última decisión de Peinado

Lejos de darse por cerrado el capítulo de las medidas cautelares, Begoña Gómez vuelve a protagonizar un nuevo enfrentamiento procesal con el juez Juan Carlos Peinado. Una semana después de que la Audiencia Provincial de Madrid revocara la retirada de su pasaporte al considerar que no existía riesgo de fuga, el documento sigue sin volver a sus manos por una nueva discrepancia sobre la forma en que debe entregarse.

El magistrado ha dictado una providencia en la que exige que tanto la esposa del presidente del Gobierno como su asesora, Cristina Álvarez, acudan personalmente al juzgado para recoger sus respectivos pasaportes. Esa decisión ha provocado un nuevo recurso por parte de la defensa, que considera que el trámite puede realizarse perfectamente a través de los procuradores. En este caso el recurso lo ha presentado el abogado de Álvarez, José María de Pablo, pero se entiende que la defensa de Begoña Gómez tiene la misma opinión al respecto aunque no ha trascendido una reclamación oficial.

La defensa de Álvarez sostiene que el juez ha ido más allá de las competencias que le corresponden. Según ha explicado, la entrega material de un pasaporte tras el levantamiento de una medida cautelar corresponde al letrado de la Administración de Justicia y no al magistrado instructor.

La defensa argumenta que, al retrasar la devolución mediante una providencia, se mantiene de facto una limitación sobre el derecho a la libre circulación pese a que la Audiencia Provincial ya dejó sin efecto la medida cautelar. En el escrito llega a afirmar que mantener esa restricción sin cobertura jurídica vigente supone una actuación de "extrema gravedad" y vulnera tanto el principio de proporcionalidad como el derecho a la tutela judicial efectiva. Asimismo, insiste en que la procuradora dispone de representación suficiente para recoger el documento en nombre de su cliente, por lo que considera innecesaria su presencia física en el juzgado.

Por ello la defensa solicita que se deje sin efecto la providencia del pasado 21 de julio y que sea el letrado de la Administración de Justicia quien proceda de forma inmediata a entregar el pasaporte a la procuradora, al entender que mantener retenido el documento supone prolongar una restricción que, según sostiene, ya carece de respaldo judicial.