Denuncian una agresión sexual a una funcionaria en la cárcel de Estremera y acusan a Instituciones Penitenciarias de ocultarla
El sindicato ACAIP-UGT denuncia que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias calificó el ataque como un simple "comportamiento inadecuado", pese a que la trabajadora sufrió tocamientos sexuales y una agresión física. Además, alerta de un supuesto "maquillaje estadístico" para minimizar la violencia que padecen los funcionarios de prisiones.
Centro Penitenciario de Estremera (Madrid).
Nueva polémica en el sistema penitenciario español. El sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP-UGT, ha denunciado una presunta agresión sexual sufrida por una funcionaria del Centro Penitenciario Madrid VII, en Estremera, y acusa a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de haber minimizado la gravedad de los hechos al catalogarlos como un mero "comportamiento inadecuado" del interno.
Según explica la organización sindical, los hechos ocurrieron el pasado 19 de julio en el módulo 6 de la prisión. Un recluso se abalanzó sobre la funcionaria, le realizó tocamientos de carácter sexual y, cuando la trabajadora logró zafarse, le propinó una fuerte bofetada. Minutos después, el mismo interno agredió también al jefe de Servicios que acudió a intervenir, al que golpeó con un cabezazo que le provocó heridas por las que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir varios puntos de sutura.
ACAIP-UGT considera "inadmisible" que la Administración haya descrito lo ocurrido únicamente como un "comportamiento inadecuado del interno", una calificación que, a juicio del sindicato, rebaja la gravedad de unos hechos que, en cualquier otro ámbito, serían considerados una agresión sexual. La organización sostiene que esta forma de clasificar los incidentes responde a un intento de reducir artificialmente las estadísticas oficiales sobre violencia en las cárceles.
El sindicato también critica que la agresión sufrida por el jefe de Servicios haya sido considerada una "agresión leve" y denuncia que la Secretaría General rechazó aplicar el régimen disciplinario más severo solicitado por el centro. Además, asegura que el interno continúa en la prisión de Estremera y que posteriormente ha protagonizado nuevos incidentes regimentales.
Para respaldar su denuncia, ACAIP-UGT recuerda que, según los datos del Portal de Transparencia citados en la nota, durante 2025 se registraron 119 incidentes de naturaleza sexual contra trabajadores penitenciarios, además de 529 agresiones físicas. El sindicato advierte de que esta situación se agrava por la falta de personal sanitario en las prisiones, donde afirma que más del 75 % de las plazas médicas permanecen vacantes.
Ante esta situación, la organización reclama una catalogación "real y rigurosa" de todas las agresiones que sufren los profesionales penitenciarios, la puesta en marcha de un nuevo protocolo de protección para los funcionarios y medidas para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios, además de abordar el déficit sanitario que, asegura, arrastra el sistema desde hace más de dos décadas.