Así viven los integrantes de La Manada diez años después: destinos penitenciarios, ocupaciones y evolución en prisión
Más de una década después de la violación grupal que conmocionó a España durante los Sanfermines de 2016, los cinco integrantes de La Manada continúan cumpliendo condena en distintos centros penitenciarios. Mientras el caso sigue siendo un referente en el debate sobre la violencia sexual y la legislación del consentimiento, la vida de los condenados transcurre entre trabajos penitenciarios, estudios, módulos de respeto y programas de tratamiento.
Los miembros de 'La Manada'.
Han pasado más de diez años desde la agresión sexual múltiple cometida durante los Sanfermines de 2016, un caso que transformó el debate sobre la violencia sexual en España y provocó una de las mayores movilizaciones ciudadanas de las últimas décadas. Mientras el impacto social y jurídico de aquella violación continúa presente, los cinco condenados siguen cumpliendo sus respectivas penas en distintos centros penitenciarios.
Los hechos ocurrieron en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. Según la resolución judicial, cinco jóvenes sevillanos, con edades cercanas a los treinta años, 'acosó e intimidó a una joven de 18 años hasta que consiguieron encerrarla en el portal de un edificio'. En ese lugar, aprovechándose del estado de ‘miedo, bloqueo y sometimiento’ que sufría la víctima, los agresores le arrebataron algunas pertenencias y ‘la obligaron’ a mantener relaciones sexuales con todos ellos, mientras uno de los miembros del grupo registraba la escena con su teléfono móvil.
La primera sentencia, que calificó los hechos como abuso sexual, provocó una intensa reacción social. El hecho de que fueran condenados ‘simplemente’ por ese delito impulsó manifestaciones multitudinarias en toda España y situó el consentimiento en el centro del debate político y jurídico.
Años después, aquella discusión desembocó en la aprobación de la ley del 'Solo sí, es sí', impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y vigente desde octubre de 2022. La reforma eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual al modificar el concepto legal de consentimiento. Sin embargo, la nueva normativa también tuvo consecuencias sobre condenas ya firmes. En febrero de 2025, la Audiencia de Navarra revisó las penas de José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, reduciendo un año de prisión a cada uno tras aplicar la legislación más favorable.
La resolución definitiva del caso había llegado varios años antes. En junio de 2019, el Tribunal Supremo sustituyó la condena inicial y consideró acreditado que existió un delito continuado de violación. Cuatro de los integrantes fueron condenados a quince años de prisión, mientras que Antonio Manuel Guerrero recibió dos años adicionales por el robo del teléfono móvil de la víctima. El tribunal concluyó que los cinco actuaron de forma conjunta para anular cualquier posibilidad de que la joven pudiera prestar un consentimiento libre.
Actualmente, los condenados permanecen repartidos entre diferentes prisiones de Andalucía y Castilla y León. Ninguno disfruta de un régimen extraordinario de cumplimiento de condena y todos continúan desarrollando una vida penitenciaria marcada por la normalidad.
Un perfil discreto entre rejas
Fuentes penitenciarias consultadas citadas por El Cierre Digital describen un comportamiento correcto por parte de los cinco internos. Lejos de protagonizar incidentes relevantes, cada uno ha seguido una rutina distinta, combinando trabajo, formación o programas específicos de tratamiento.
José Ángel Prenda, considerado por la sentencia el principal impulsor de la agresión, permanece interno en el Centro Penitenciario Puerto III, en Cádiz. Según las fuentes consultadas por El Cierre Digital, "que está destinado en un módulo de respeto y realiza labores de reparto de comida y limpieza". También destacan "mantiene un comportamiento correcto tanto con los funcionarios como con sus compañeros". Entre los cambios más visibles desde su ingreso en prisión figura una notable pérdida de peso. Antes de los hechos estaba vinculado al grupo ultra Biris Norte y ya había sido condenado por un robo con fuerza cometido en Huelva.
Jesús Escudero cumple condena en la prisión de Huelva. Antes de ingresar en la cárcel trabajaba como peluquero en Sevilla, una profesión que continúa ejerciendo en el centro penitenciario. Las fuentes penitenciarias citadas por el diario de Juan Luis Galiacho sostienen que "ejerce como peluquero en el centro penitenciario de Huelva donde cumple condena y que mantiene una conducta adecuada tanto con el funcionariado como con el resto de internos". A diferencia del resto de integrantes del grupo, no tenía antecedentes penales cuando ocurrieron los hechos de San Fermín.
El único miembro del grupo encarcelado fuera de Andalucía es Alfonso Jesús Cabezuelo. El exmilitar de la Unidad Militar de Emergencias permanece en la prisión salmantina de Topas. Allí, según las mismas fuentes, "trabaja en la panadería del centro, integrada en la cafetería que presta servicio a los funcionarios". Además, señalan un comportamiento "positivo y que disfruta regularmente de permisos penitenciarios". Durante estos años también "ha participado en programas de tratamiento dirigidos a agresores sexuales" y ha completado diversas actividades formativas. Antes de la agresión ya había sido condenado por "lesiones, peleas multitudinarias y desórdenes públicos".
Ángel Boza, por su parte, cumple condena en la prisión de Albolote (Granada). De acuerdo con las fuentes consultadas, "reside en un módulo de respeto y es uno de los integrantes de La Manada menos activos en cuanto a trabajos penitenciarios, actividades formativas o programas de tratamiento". No obstante, destacan su "correcto comportamiento y que ha aprovechado estos años para obtener distintos estudios que anteriormente no poseía". Tras ingresar en prisión volvió a ser condenado por un episodio de hurto y lesiones ocurrido en un centro comercial de Sevilla.
Miembros condenados de La Manada por la violación grupal en los Sanfermines de 2016.
Antonio Manuel Guerrero permanece en el Centro Penitenciario Sevilla I, donde cumple la condena más elevada al sumar dos años adicionales por el robo del teléfono móvil de la víctima. Las fuentes penitenciarias explican "reside en un módulo ordinario y que ha aprovechado su estancia en prisión para cursar estudios superiores a distancia a través de la UNED". La sentencia también le atribuyó la grabación de los seis vídeos de la agresión sexual. Su nombre apareció igualmente relacionado con otra investigación por una agresión sexual ocurrida en Pozoblanco, en la que, presuntamente, participaron otros miembros del grupo.
Un caso con consecuencias que van más allá de la condena
El recorrido judicial de La Manada trascendió el ámbito penal y acabó modificando el debate público sobre la violencia sexual en España. Las movilizaciones ciudadanas, la revisión de las sentencias y la posterior reforma legislativa convirtieron este procedimiento en uno de los más influyentes de la historia reciente del país. Aunque los cinco condenados siguen en prisión, el caso continúa siendo una referencia obligada cuando se analiza la evolución de la legislación sobre los delitos sexuales y el concepto de consentimiento.