La mala planificación del Gobierno agrava el deterioro de los cuarteles de la Guardia Civil

La Guardia Civil, uno de los pilares históricos del Estado español, cuenta con cerca de 2.000 cuarteles y puestos distribuidos por todo el territorio nacional. Muchos de ellos se encuentran en zonas rurales, donde constituyen la única presencia policial permanente. Sin embargo, bajo esa extensa red subyace una realidad incómoda: numerosas infraestructuras están envejecidas y requieren un ambicioso plan de rehabilitación.

Informes técnicos y el propio Tribunal de Cuentas han señalado la imperiosa necesidad de planificar mejor las inversiones, en lugar de recurrir de forma reiterada a contratos de emergencia para solucionar problemas estructurales. En provincias como Málaga o Córdoba, más de la mitad de los edificios destinados al cuerpo superan los 50 años de antigüedad y presentan carencias en materia de accesibilidad, climatización o instalaciones eléctricas, muy deterioradas por el paso del tiempo.

Por otra parte, la transformación del cuerpo, con nuevas unidades de investigación, ciberdelincuencia o violencia de género, exige espacios más adaptados a las tecnologías actuales y mejores condiciones tanto para los agentes como para la ciudadanía, lo que supone un importante reto económico.

La renovación o sustitución de cientos de edificios requiere inversiones sostenidas y una planificación plurianual que priorice las actuaciones. Este escenario abre también el debate sobre la racionalización del despliegue y el mantenimiento de la proximidad al ciudadano, especialmente en la España rural, donde el cierre de pequeños cuarteles podría dejar sin presencia permanente de la Guardia Civil a numerosos municipios.

Unos cuarteles para el Siglo XXI

Los expertos en infraestructuras coinciden en que resulta más rentable invertir de forma periódica en el mantenimiento preventivo que afrontar posteriormente rehabilitaciones integrales mucho más costosas. En este sentido, la modernización de los cuarteles no es solo una cuestión inmobiliaria, sino la necesidad de adaptar una infraestructura estratégica a las exigencias actuales: digitalización, eficiencia energética, accesibilidad y espacios de trabajo adecuados.

Casi dos siglos después de su creación, el desafío de la Guardia Civil pasa por conservar su patrimonio inmobiliario, adecuándolo a las necesidades del presente.

Según el Tribunal de Cuentas, entre 2021 y 2023 la Guardia Civil recurrió a 67 contratos de emergencia para atender incidencias graves en sus edificios, por un importe superior a los 56 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que esta práctica evidencia un problema estructural: la falta de planificación plurianual y de inversiones preventivas. Por ello recomienda elaborar un inventario fiable, integrado en un plan estable de rehabilitación y dotado de financiación suficiente.

Los datos reflejan que más del 55% de los edificios tiene más de 50 años y que un 13% presenta un estado deficiente o graves problemas de conservación. Entre 2019 y 2024 fueron clausuradas treinta instalaciones por este motivo. Estas cifras no corresponden al conjunto del presupuesto destinado a infraestructuras, sino únicamente a las actuaciones de urgencia. La Guardia Civil trata de impulsar planes de mejora, pero la magnitud de su parque inmobiliario obliga a que cualquier estrategia tenga necesariamente un recorrido prolongado en el tiempo.

En este contexto, el equilibrio entre la eficiencia económica y la prestación del servicio público resulta decisivo, especialmente en los pequeños municipios, donde el cuartel constituye una referencia esencial. La modernización no debe limitarse a la reparación de edificios antiguos, sino garantizar que una institución clave para la seguridad disponga de unas infraestructuras acordes con las funciones que desempeña cada día.

En relación con la calidad de las instalaciones y su utilización para la custodia de detenidos, el Ayuntamiento de Laredo (Cantabria) ha reclamado a la Delegación del Gobierno una compensación económica de 200.000 euros por el coste que supone albergar en sus dependencias a detenidos procedentes de toda la comarca oriental de Cantabria. El consistorio sostiene que lleva más de veinte años asumiendo esta responsabilidad debido a la falta de calabozos operativos en otros puntos de la zona, por lo que reclama una inversión estatal que compense ese esfuerzo económico.

Ante esta reclamación, la Delegación del Gobierno ha mostrado su desacuerdo con el cálculo realizado por el Ayuntamiento, aunque ha anunciado una inversión de 10 millones de euros para la construcción de un nuevo cuartel, cuya puesta en marcha está prevista para 2027.

Este conflicto entre el Ayuntamiento de Laredo y la Delegación del Gobierno refleja un problema más amplio: algunos ayuntamientos asumen cargas que consideran ajenas a sus competencias, mientras que la colaboración institucional suele articularse mediante convenios y no a través de reclamaciones económicas como la planteada por el Consistorio cántabro.