Moreno espera el informe de la UCO sobre los túneles de Belate, el gran contrato de Servinabar vinculado a Cerdán
La Audiencia Nacional incorpora a la pieza separada del caso Koldo la adjudicación de 62,8 millones y aguarda un informe ampliatorio de la Guardia Civi
Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha incorporado a la pieza separada del caso Koldo la documentación remitida por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre las obras de duplicación de los túneles de Belate, en Navarra.
El magistrado ha tomado esta decisión mientras espera que la UCO termine un informe ampliatorio sobre una de las adjudicaciones más relevantes vinculadas a Servinabar, la empresa relacionada con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
En una providencia dictada el lunes 27 de julio, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ordena unir a las actuaciones el oficio enviado por los investigadores. El juzgado queda a la espera del «correspondiente informe sobre la ampliación de dicha licitación» para decidir posteriormente qué diligencias procede practicar.
La decisión no supone la apertura de una pieza nueva. La novedad consiste en la incorporación formal del expediente de Belate a la pieza separada que ya investiga posibles irregularidades en adjudicaciones de obra pública relacionadas con la trama del caso Koldo.
El mayor contrato relacionado con Servinabar
El contrato fue adjudicado el 26 de diciembre de 2023 por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra. La oferta ganadora correspondió a la unión temporal formada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000.
El importe ascendió exactamente a 62.881.801,65 euros, sin IVA. Al procedimiento concurrieron siete licitadores y el expediente incluye varios votos particulares formulados durante la actuación de la mesa de contratación.
La adjudicación ya aparecía mencionada en el informe que la UCO remitió al Tribunal Supremo en junio de 2025. Los investigadores recogieron entonces diferentes indicios relacionados con la gestión del proyecto, cuyos antecedentes situaban en 2019, durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Fomento.
El contrato quedó bajo el foco de la investigación por la participación de Servinabar en la UTE y por la relación atribuida por la Guardia Civil entre la sociedad y Santos Cerdán. También figura entre los antecedentes la denuncia presentada por UPN ante la Guardia Civil al considerar que podían haberse producido irregularidades durante el procedimiento de adjudicación.
Las dudas sobre la licitación
El expediente estuvo marcado por las discrepancias surgidas dentro de la propia mesa de contratación. Varios de sus integrantes formularon votos particulares sobre la valoración de las ofertas y la motivación de algunas puntuaciones técnicas.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra llegó a considerar en septiembre de 2025 que la adjudicación era «nula de pleno derecho» por irregularidades esenciales en el procedimiento de valoración. El Gobierno foral rechazó esa conclusión y defendió que las anomalías administrativas no implicaban por sí solas la existencia de corrupción ni de perjuicio patrimonial.
El Ejecutivo navarro mantiene que la mesa actuó con autonomía técnica y recuerda que la adjudicación contó con el aval posterior de la Intervención General. También señala que la Cámara de Comptos no apreció responsabilidad contable y que la comisión parlamentaria de investigación no acreditó presiones políticas sobre los funcionarios.
El Gobierno de Navarra estudiará ahora personarse en las diligencias de la Audiencia Nacional en caso de que la investigación pueda revelar un posible daño para la Hacienda foral. Mientras tanto, el siguiente movimiento queda en manos de la UCO, que deberá completar el informe solicitado por Moreno sobre el proceso de adjudicación de Belate.