La agencia de colocación de Sánchez llega al Tesoro con el marido de la presunta filtradora del caso de la pareja de Ayuso

El Gobierno ha modificado los requisitos para dirigir la Dirección General del Tesoro y Política Financiera coincidiendo con el nombramiento de Pablo Juan Sánchez-Blanco Mancera, marido de Pilar Sánchez Acera, la ex alto cargo de La Moncloa que envió a Juan Lobato un pantallazo relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El vínculo de Sánchez Acera con el procedimiento judicial está acreditado por su intervención en la cadena de transmisión de aquel documento. Sin embargo, no fue acusada ni condenada como autora de la filtración inicial. Compareció como testigo para explicar cómo recibió la información, por qué se la remitió a Lobato y cuál era su procedencia.

El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles el Real Decreto 644/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de julio, que introduce una excepción específica para la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. La modificación entró en vigor el mismo 29 de julio, día de su publicación.

El Gobierno elimina la exigencia general del A1

El artículo 66.2 de la Ley 40/2015 establece, como regla general, que los directores generales deben ser funcionarios de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales pertenecientes al subgrupo A1. La norma permite excepciones cuando las características concretas de la dirección general lo justifiquen expresamente.

El decreto publicado ahora añade la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a la lista de órganos exceptuados. De esta forma, su responsable ya no tiene que reunir necesariamente la condición de funcionario A1, aunque debe cumplir los requisitos de idoneidad establecidos para los altos cargos.

El Ejecutivo fundamenta la excepción en la especialización técnica y la proyección estratégica de las funciones del Tesoro. Este organismo se encarga, entre otras materias, de la financiación del Estado, la gestión de la deuda pública, la tesorería, la regulación financiera y la coordinación de determinadas políticas relacionadas con los mercados y el sistema financiero.

El cambio fue promovido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, propuesto formalmente por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y aprobado por el Consejo de Ministros. El real decreto está firmado por Felipe VI y por el ministro Óscar López.

El nombramiento de Pablo Sánchez-Blanco

En la misma reunión en la que aprobó la excepción, el Consejo de Ministros nombró a Pablo Sánchez-Blanco nuevo director general del Tesoro y Política Financiera. La referencia oficial de La Moncloa recoge tanto el relevo como el resto de los acuerdos adoptados el 28 de julio.

Sánchez-Blanco trabajaba desde mayo de 2023 como experto en la Subdirección General de Legislación Financiera del propio Tesoro. Desde ese puesto participaba en tareas relacionadas con la elaboración y aplicación de la regulación de entidades financieras, crédito y protección de los usuarios de servicios financieros.

Anteriormente desarrolló gran parte de su carrera profesional en el Banco de España, donde ejerció como inspector de entidades de crédito y ocupó responsabilidades en el área de conducta de entidades. También había trabajado previamente en el sector bancario privado.

La modificación publicada en el BOE no acredita por sí sola que se haya redactado exclusivamente para una persona determinada. Sí permite constatar que el Consejo de Ministros aprobó en la misma fecha la excepción al requisito funcionarial y el nombramiento de Sánchez-Blanco para la dirección afectada por ese cambio.

Marido de una ex alto cargo de Presidencia

Pablo Sánchez-Blanco está casado con Pilar Sánchez Acera, dirigente socialista que ocupaba un puesto en Presidencia del Gobierno cuando se difundió el documento relacionado con el procedimiento tributario y penal de González Amador.

Sánchez Acera ejercía entonces como directora del gabinete de Óscar López, que era a su vez director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Desde esa posición envió a Juan Lobato, entonces secretario general del PSOE de Madrid, una imagen con información relacionada con el correo remitido por el abogado de González Amador a la Fiscalía.

Lobato preguntó si el documento había sido publicado previamente, ante el riesgo de que pudiera parecer que procedía directamente de la Fiscalía. Posteriormente llevó sus mensajes con Sánchez Acera ante notario y entregó su teléfono para que pudiera analizarse la conversación.

La presencia de Sánchez Acera en aquella transmisión motivó su citación como testigo. El Tribunal Supremo la incluyó entre los cuatro políticos llamados a declarar en el juicio por revelación de secretos, junto a Lobato, Francesc Vallès y Miguel Ángel Rodríguez. La información oficial del Poder Judicial precisa que Sánchez Acera y Vallès desempeñaban cargos en Presidencia del Gobierno cuando ocurrieron los hechos.

Sánchez Acera negó recibirlo de la Fiscalía

Durante su declaración, Sánchez Acera sostuvo que recibió la imagen de un periodista, aunque afirmó no recordar su identidad. También negó que el documento procediera de la Fiscalía o que hubiera recibido instrucciones de La Moncloa para enviárselo a Lobato.

La ex alto cargo explicó que no tuvo en su poder el correo original investigado, sino una imagen de un documento con contenido relacionado, y afirmó que únicamente se la remitió a Lobato en el contexto de su relación política dentro del PSOE de Madrid.El nuevo director general del Tesoro es el marido de la persona que transmitió el pantallazo a Lobato.

La anterior directora pasa al FROB

Sánchez-Blanco sustituye a Carla María Díaz Álvarez de Toledo, que dirigía el Tesoro y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, integrado en el subgrupo A1.

El Consejo de Ministros la ha designado presidenta del FROB, la autoridad pública encargada de intervenir en los procesos de resolución y reestructuración de entidades financieras con graves problemas de viabilidad. Su estructura servirá además como base para la nueva Autoridad Nacional de Integridad Financiera planteada por el Gobierno.