El vocal de Sumar dinamita el bloque progresista del CGPJ y deja a Yolanda Díaz ante un serio problema por el caso Peinado

La decisión adoptada este martes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no solo supone un balón de oxígeno para el juez Juan Carlos Peinado. También ha provocado un terremoto político dentro del espacio de Sumar. El protagonista es Carlos Hugo Preciado, el vocal que llegó al órgano de gobierno de los jueces a propuesta de la formación de Yolanda Díaz y que ha terminado rompiendo con el criterio del bloque progresista en una de las votaciones más sensibles de los últimos meses.

La Comisión ha archivado las quejas presentadas contra Peinado, incluida la impulsada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por las presuntas irregularidades cometidas durante su declaración en La Moncloa. Mientras los vocales progresistas defendían mantener viva la posibilidad de una sanción disciplinaria por desconsideración, Preciado dio un paso al frente, unió su voto al de los consejeros conservadores y cerró definitivamente esa puerta.

Pero su movimiento no terminó ahí.

Preciado apunta a posibles delitos

Lejos de limitarse a discrepar del criterio mayoritario, el vocal firmó dos votos particulares que elevan notablemente el tono del debate. En ellos sostiene que determinadas actuaciones atribuidas al juez Peinado podrían escapar del terreno disciplinario para adentrarse en el ámbito penal.

El primero de esos escritos se refiere a la filtración del contenido de una providencia judicial antes de que fuera oficialmente notificada. Preciado reconstruye la secuencia de los hechos y destaca que parte de la resolución apareció publicada en un medio digital durante la madrugada del 13 de enero de 2026, varias horas antes de la firma electrónica del documento y antes de que las partes pudieran conocer su contenido.

A partir de esos datos concluye que, de confirmarse los hechos, podrían existir indicios de un posible delito de revelación de datos reservados. Por ello defiende que la cuestión no debería zanjarse en el ámbito disciplinario del CGPJ, sino ponerse en conocimiento de la jurisdicción penal.

La prórroga anulada que vuelve a perseguir a Peinado

El segundo voto particular resulta todavía más delicado. Preciado analiza la decisión del magistrado de ampliar la instrucción de la causa el 2 de abril de 2025, pese a que el plazo había expirado más de dos meses antes. Aquella prórroga fue anulada posteriormente por la Audiencia Provincial.

Para el vocal, no basta con calificar lo ocurrido como un simple error procesal. Considera que existen elementos suficientes para estudiar si pudieron cometerse delitos de prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o, subsidiariamente, un retraso malicioso en la Administración de Justicia.

Además, rechaza que la explicación sobre una supuesta falta de comunicación al magistrado respecto al estado del procedimiento pueda darse por buena sin más. A su juicio, esa circunstancia merece una investigación específica para determinar si existió una negligencia de especial gravedad.

Sumar se enfrenta a un incómodo escenario

La decisión de Preciado ha caído como un jarro de agua fría en el entorno de Sumar. El magistrado fue uno de los nombres pactados durante la renovación del CGPJ como apuesta de la formación de Yolanda Díaz para reforzar el perfil progresista del Consejo. Sin embargo, su actuación ha demostrado que no está dispuesto a actuar siguiendo alineamientos políticos.

Ese gesto ha abierto un debate interno que hasta ahora permanecía soterrado. Mientras algunos sectores consideran que precisamente esa independencia refuerza la credibilidad institucional del órgano, otros admiten que la imagen de división puede convertirse en un problema político para una coalición que ya acumula tensiones en varios frentes.

Un aviso para Yolanda Díaz

El episodio trasciende el caso Peinado. Dentro de Sumar vuelve a discutirse hasta qué punto quienes son propuestos para ocupar cargos institucionales deben mantener plena autonomía o guardar una mayor sintonía con la estrategia política de la coalición.

La fractura también llega en un momento especialmente delicado para las relaciones entre el PSOE y Sumar. Aunque en Ferraz no consideran que el movimiento de Preciado altere el equilibrio del CGPJ, sí asumen que introduce un nuevo elemento de desgaste entre los socios del Gobierno, que ya mantienen abiertos varios frentes de desacuerdo en materias como vivienda, fiscalidad o política económica.

Con el parón estival a la vuelta de la esquina, la polémica no desaparecerá. Las próximas reuniones de la Comisión Permanente y el congreso que Sumar prepara para el otoño servirán para comprobar si el caso Preciado queda en una anécdota o se convierte en el símbolo de una discusión mucho más profunda sobre el rumbo de la formación de Yolanda Díaz y su capacidad para controlar los nombramientos que impulsa.