Catástrofes y ayudas públicas
Del volcán a la DANA: los precedentes de Sánchez que obligan a los afectados por los incendios a esperar sentados
El Gobierno abre las compensaciones por los fuegos de 2026, pero las tragedias anteriores muestran fondos bloqueados, procedimientos interminables y damnificados que todavía no han recuperado todo lo perdido
Pedro Sánchez en su balance de curso
El balance de todas estas tragedias retrata un método ya habitual en el Gobierno de Sánchez: Moncloa corre para anunciar cifras millonarias y hacerse la foto, pero desaparece cuando llega el momento de ingresar el dinero en las cuentas de los afectados. Entre promesas, trámites, peritajes y expedientes bloqueados, las víctimas descubren que los millones proclamados desde la mesa del Consejo de Ministros avanzan mucho más despacio que la propaganda oficial.
Quienes han perdido su vivienda, su explotación o el negocio de toda una vida en los incendios de 2026 deberían mirar los precedentes y prepararse para lo peor: meses de burocracia, cantidades insuficientes y un Gobierno más preocupado por vender su respuesta que por reconstruir lo destruido. Con Sánchez, las ayudas llegan primero al titular, después al anuncio institucional y, solo mucho más tarde —cuando llegan—, al bolsillo de los damnificados.
La Palma: casi cinco años y fondos todavía pendientes
El volcán de Tajogaite entró en erupción en septiembre de 2021. Casi cinco años después, la reconstrucción continúa abierta. El Cabildo de La Palma anunció este 28 de julio que el Estado transferirá después del verano otros 100 millones de euros y habló expresamente de evitar “más demoras injustificadas”. Puerto Naos y La Bombilla, además, mantienen viviendas y establecimientos sometidos a protocolos por la presencia de gases.
DANA: miles de millones anunciados, pero recuperación incompleta
La DANA del 29 de octubre de 2024 devastó Valencia. A 13 de julio de 2026, el Gobierno cifraba en 16.600 millones los recursos movilizados, pero en 9.651 millones los realmente empleados.
En la línea directa por daños personales, viviendas, enseres y corporaciones locales se habían registrado 41.039 solicitudes y abonado 261,8 millones. De esa cantidad, 155,3 millones correspondían a viviendas y enseres. Las cifras muestran que movilizar, conceder y pagar no significan lo mismo, mientras numerosas familias y empresas continúan sin recuperar por completo su situación anterior.
COVID: ayudas sin ejecutar y préstamos por devolver
Durante la pandemia, el Ejecutivo incluyó los créditos ICO dentro de su denominado escudo económico, aunque eran préstamos y debían devolverse. El Banco de España calculó que en julio de 2025 todavía quedaban 29.000 millones de euros vivos en créditos ICO-COVID.
La Intervención General del Estado contabilizó, además, 952 millones de euros de la línea de ayudas directas a autónomos y empresas que no llegaron a ejecutarse y fueron reintegrados. Muchos negocios no recibieron una compensación suficiente: recibieron una deuda para intentar sobrevivir.
Incendios anteriores: dos años para convocar las ayudas
El precedente más inquietante está en los propios fuegos. Las subvenciones canarias destinadas a reparar o reconstruir las viviendas dañadas por el incendio de La Palma de julio de 2023 no se convocaron hasta noviembre de 2025, más de dos años después.
Para los grandes incendios de 2025, la ayuda estatal extraordinaria dirigida al sector agrario tampoco se reguló hasta el 21 de octubre, cuando la campaña más dramática del verano ya había terminado.
Apagón: miles seguían sin compensación
El gran apagón se produjo el 28 de abril de 2025. En marzo de 2026, la OCU denunció en el Senado que miles de consumidores continuaban sin recibir las compensaciones correspondientes y que las distribuidoras habían rechazado la mayoría de las reclamaciones.
No se trataba de una ayuda estatal equiparable a la de una catástrofe natural, pero el patrón volvió a repetirse: perjuicio inmediato, responsabilidades discutidas y cobro incierto.
Adamuz: meses para desplegar todas las líneas
Tras el accidente ferroviario de Adamuz del 18 de enero de 2026, el Estado abrió en febrero el procedimiento de ayudas y terminó ampliando determinados plazos hasta junio.
El balance deja pocas dudas: Sánchez anuncia millones con rapidez, pero el dinero real avanza mucho más despacio que los titulares. Quienes han perdido en los incendios de 2026 una casa, una explotación o el negocio de toda su vida deben prepararse para formularios, peritajes y meses de espera.
Con estos precedentes, la promesa de Moncloa no es cobrar pronto: es entrar en la cola.