El juez Pedraz ordena a doce bancos rastrear 81 cuentas vinculadas a los pagos del PSOE a las cloacas
La UCO analizará movimientos del partido, dirigentes socialistas y abogados para reconstruir el destino de los fondos investigados.
Sede socialista de la calle Ferraz en Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada y secreta para investigar el recorrido de los pagos vinculados a la presunta trama que habría actuado para obstaculizar procedimientos judiciales relacionados con el PSOE y el Gobierno.
En un auto fechado el 30 de julio, el magistrado ha autorizado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a solicitar información a doce entidades bancarias y analizar 81 cuentas relacionadas con el partido, antiguos dirigentes socialistas, abogados y sociedades que aparecen en la investigación.
Entre las personas cuyas operaciones serán examinadas figuran el exdirigente socialista Gaspar Zarrías y los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. El mayor número de cuentas estaría vinculado a Oliver, quien ejerció la defensa de Koldo García en el procedimiento abierto por la compra de material sanitario durante la pandemia.
El objetivo de esta nueva línea de investigación es reconstruir el camino seguido por el dinero y determinar si algunos pagos pudieron canalizarse mediante sociedades interpuestas, contratos laborales o diferentes cuentas bancarias para ocultar su origen o su verdadero destinatario.
La UCO sitúa bajo sospecha al menos 43.225 euros que habrían terminado en manos de Leire Díez, investigada por las supuestas maniobras dirigidas contra miembros de la Guardia Civil, jueces y fiscales que intervenían en causas sensibles para el entorno socialista.
De esa cantidad, 16.000 euros corresponderían a cuatro transferencias de 4.000 euros recibidas por Díez a través de la consultora Zaño, propiedad de Gaspar Zarrías. Los investigadores tratan de aclarar si aquella contratación respondía a un trabajo real o si fue utilizada para encubrir pagos procedentes del PSOE.
Los agentes también han detectado otro abono de 27.225 euros que habría sido canalizado mediante sociedades relacionadas con el despacho de Ismael Oliver. La investigación deberá determinar ahora quién ordenó esas operaciones, qué servicios fueron facturados y si el dinero estaba destinado a financiar las actuaciones atribuidas a la presunta trama.
La apertura de la pieza secreta permitirá que la Guardia Civil acceda a los saldos, movimientos, titulares y personas autorizadas de las cuentas seleccionadas. Pedraz considera que el análisis bancario es una medida útil y proporcionada para esclarecer los hechos y comprobar si existió una estructura financiera detrás de las operaciones investigadas.
El secreto busca proteger la documentación económica mientras los agentes examinan las operaciones. Una vez concluido el análisis, la UCO deberá entregar al juez un informe con los movimientos que considere relevantes para la causa, mientras que los datos bancarios sin relación con los hechos deberán quedar fuera del procedimiento.
La investigación se centra en la posible existencia de una organización dedicada a obtener información reservada, desacreditar a investigadores y tratar de influir en procedimientos judiciales. La nueva pieza económica pretende esclarecer si esas actuaciones fueron financiadas con fondos vinculados al PSOE o mediante pagos ocultos a través de dirigentes, despachos profesionales y empresas interpuestas.
Las personas mencionadas conservan la presunción de inocencia y las operaciones analizadas deberán ser contrastadas durante la instrucción antes de que pueda atribuirse cualquier responsabilidad penal.