Pánico de Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez, a lo que pueden ver en su móvil: a la desesperada para impedir que la UCO acceda

Juan Manuel Serrano quiere cerrar la puerta al que puede convertirse en uno de los elementos clave de la investigación del caso Leire. El expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que declare nula la incautación y el clonado de su teléfono móvil, que ordene la devolución inmediata del terminal y que impida que pueda volver a ser clonado.

La petición llega apenas unas semanas después de que Serrano fuera imputado en la causa y cuando el magistrado ya le ha citado para el próximo 18 de agosto con el fin de que esté presente en la verificación del clonado realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En el escrito presentado ante el juez, la defensa sostiene que la actuación de la UCO vulneró las garantías procesales. Según expone, el teléfono fue intervenido en mayo, cuando Serrano todavía no tenía la condición de investigado, y además el clonado se habría realizado sin respetar la orden judicial que establecía que esa operación debía practicarse en presencia del propio afectado y de su abogado.

Sobre esa base, reclama la nulidad de toda la actuación. Considera que el acceso al contenido del dispositivo quedó fuera de la autorización judicial y que ello supone una vulneración del secreto de las comunicaciones, por lo que solicita que cualquier grabación, mensaje, transcripción o hallazgo obtenido a partir del teléfono carezca de validez como prueba. La defensa también ha calificado de "chocante" que el juez no ordenara la devolución inmediata del terminal tras su intervención, manteniendo el teléfono bajo custodia durante estos meses.

Su imputación en el caso Leire puede ser clave

Serrano fue imputado el pasado 10 de julio después de que la UCO remitiera un nuevo informe en el que apreciaba indicios de su implicación en las dos vertientes de la investigación: la supuesta operación para interferir en procedimientos judiciales con el objetivo de "proteger al PSOE" y la denominada rama SEPI, relacionada con presuntas mordidas en contratos públicos.

Los investigadores sostienen que el exjefe de gabinete de Sánchez colaboró "estrechamente" con Leire Díez en las actuaciones dirigidas a desestabilizar distintas investigaciones y le atribuyen un papel "preeminente" en la rama relativa a las contrataciones, al situarlo en el contexto de la contratación de Díez en Correos y de un contrato por el que, según la investigación, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández habría percibido una comisión.

La defensa rechaza por completo esa versión. Argumenta que el primer informe elaborado por la UCO no atribuía a Serrano ninguna responsabilidad en esas contrataciones y sostiene que fue utilizado por Leire Díez y por el entonces presidente de la SEPI. Además, acusa a los investigadores de haber elaborado un segundo informe "hecho ex profeso" para conseguir la autorización judicial que permitiera acceder al contenido del teléfono móvil, con el objetivo —según sostiene— de buscar nuevos indicios sobre terceras personas con las que Serrano hubiera mantenido comunicaciones.

En esa línea, insiste en que los indicios que pesan sobre el exdirigente socialista son especialmente débiles y sostiene que la investigación sobre el teléfono responde a una búsqueda prospectiva de posibles delitos, una tesis con la que intenta convencer ahora al juez para que invalide una de las diligencias más sensibles de toda la investigación.