Felipe VI rompe el silencio sobre Ceuta, pero la Constitución ata de manos al Rey
La Casa Real confirma que el jefe del Estado ha seguido la crisis con "gran preocupación e indignación", mantiene contacto con Sánchez y Feijóo y reclama proteger a Ceuta y Melilla, aunque la Constitución limita su margen de actuación política
S.M. el Rey Felipe VI, junto a S.M. la Reina Letizia
Las críticas dirigidas durante los últimos días a la Casa Real por su aparente silencio ante la crisis migratoria de Ceuta han encontrado este sábado una respuesta desde Zarzuela. Felipe VI ha seguido los acontecimientos con "gran preocupación e indignación", según fuentes de la Casa del Rey, que también han confirmado que el monarca mantiene contacto permanente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y con los presidentes de Ceuta y Melilla.
El mensaje difundido por Zarzuela va un paso más allá del respaldo institucional. El Rey considera que "el Estado debe velar por la seguridad" de las dos ciudades autónomas y evitar que una situación como la vivida durante los últimos días vuelva a repetirse. También defiende la adopción de medidas que transmitan "de forma unida, clara y determinante" el apoyo del conjunto de España a los ciudadanos de Ceuta y Melilla.
La declaración llega en un momento en el que se multiplican las preguntas sobre el papel que puede desempeñar el jefe del Estado en una crisis de estas características. La respuesta, sin embargo, está marcada por la propia Constitución. Felipe VI es el jefe del Estado y el artículo 56 le atribuye la función de "arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones", además de asumir la más alta representación del Estado. Ese mandato constitucional, no obstante, no le permite dirigir la política del país ni intervenir por iniciativa propia en decisiones reservadas al Gobierno.
La propia Constitución establece en su artículo 64 que los actos del Rey deben ser refrendados por el presidente del Gobierno o por los ministros competentes, que son quienes asumen la responsabilidad política de esas decisiones. El artículo 97 deja todavía menos margen a la interpretación al señalar que corresponde al Gobierno dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
Eso significa que Felipe VI puede mantenerse informado, llamar a las principales autoridades, trasladar apoyo institucional o visitar las zonas afectadas si así se organiza desde el Ejecutivo. Lo que no puede hacer es ordenar actuaciones, modificar la estrategia del Gobierno, dirigir la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o fijar la posición española ante Marruecos o la Unión Europea.
Las explicaciones constitucionales no han impedido que durante los últimos días se hayan sucedido las críticas en redes sociales por la ausencia de un pronunciamiento público de Zarzuela. La comunicación difundida este sábado busca cerrar ese debate y dejar constancia de que el Rey ha seguido desde el primer momento la evolución de la crisis, aunque dentro de los límites que la propia Constitución impone al ejercicio de la Corona.
Mientras tanto, la gestión política continúa en manos del Gobierno. El próximo martes los ministros del Interior de la Unión Europea mantendrán una reunión extraordinaria para analizar la situación en Ceuta, en un contexto marcado por el creciente choque diplomático entre Moncloa y buena parte de sus socios europeos.