Asociaciones de jueces y fiscales piden una política migratoria común en la UE tras la tragedia de Ceuta

Varias asociaciones de jueces y fiscales han reclamado la puesta en marcha de una política migratoria "integral y coordinada" en el seno de la Unión Europea después de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta durante el jueves y el viernes a través del espigón del Tarajal.

En un comunicado conjunto, Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, Juezas y Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España muestran su "dolor por la pérdida de vidas humanas" y expresan su apoyo tanto a los vecinos de Ceuta como de Melilla.

Las entidades recuerdan que estos episodios han tenido como consecuencia "el trágico resultado de al menos 72 personas fallecidas", además de un importante número de heridos y desaparecidos cuya cifra todavía no ha podido concretarse.

A su juicio, la magnitud de lo ocurrido requiere "una respuesta institucional fundada en el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos y fundamentales".

En su declaración, las asociaciones recuerdan que la vigilancia y protección de las fronteras constituye "una competencia legítima del Estado" y forma parte de su obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad.

Sin embargo, insisten en que esa actuación debe desarrollarse en todo momento respetando la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos.

El "respeto a la vida", eje de la respuesta

"Ninguna finalidad, por legítima que sea, puede anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas", subrayan las organizaciones.

Asimismo, sostienen que una situación de elevada presión migratoria no supone una excepción al cumplimiento de los derechos fundamentales ni rebaja las obligaciones propias de un Estado de derecho.

En este sentido, consideran que precisamente en circunstancias especialmente complejas las instituciones deben reforzar su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad, sin que el origen o la situación administrativa de las personas afectadas alteren ese deber.

Las asociaciones también alertan de que estos hechos "no pueden convertirse en pretexto para alimentar el discurso de odio, la xenofobia o el llamamiento a la persecución de las personas migrantes".

Por ello, defienden la necesidad de avanzar hacia una estrategia migratoria compartida en el ámbito de la Unión Europea que permita compatibilizar una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la preservación de la vida de quienes intentan acceder al territorio europeo.

En su opinión, "la firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales no son incompatibles", sino que ambas responsabilidades forman parte de los principios de un Estado social y democrático de derecho.

Las entidades sostienen que únicamente desde ese equilibrio será posible ofrecer una respuesta acorde con los valores constitucionales y europeos y evitar que "una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social".

Por último, hacen un llamamiento para que el debate público sobre lo sucedido se desarrolle "desde el rigor y el respeto institucional", evitando planteamientos simplistas o mensajes que puedan deteriorar la convivencia. El comunicado concluye recordando que "detrás de cada frontera hay seres humanos, y ninguna respuesta política puede olvidar que la protección de su vida y su dignidad constituye un deber ineludible".