El despido fulminante de la funcionaria que destapó las cifras de la invasión de Ceuta arrincona al director de gabinete de Sánchez

La primera persona dentro del Gobierno que puso cifras a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta ya no ocupa su puesto. Así lo ha decidido Moncloa, que ha cesado por "pérdida de confianza" a la funcionaria que publicó en la web de Seguridad Nacional una estimación de 49.000 entradas por la frontera. Un informe que fue retirado poco después mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez - y que tanto presume de transparencia- evitaba ofrecer datos oficiales. Hoy el balance reconocido por Fernando Grande-Marlaska asciende a 72.000 personas.

Concretamente se trata de la funcionaria encargada de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional. Fue ella la que publicó el pasado viernes un informe en el que se estimaba que unas 49.000 personas habían entrado en el primer recuento en la ciudad autónoma desde Marruecos. El cese afecta únicamente al puesto que desempeñaba, ya que mantiene su condición de funcionaria.

Poco después, el documento desapareció de la web oficial. Desde el Ejecutivo se aseguró entonces que no se trataba de una cifra oficial y que la información no había sido verificada. Sin embargo, horas más tarde el Ministerio del Interior situó el balance en torno a 50.000 personas, una cifra muy similar a la adelantada inicialmente por Seguridad Nacional y que posteriormente ha ido aumentando hasta esos 72.000 cruces reconocidos oficialmente por el ministro de Interior este martes.

El PP pide explicaciones, habla de un intento de ocultar la información y apunta al director de gabinete de Sánchez

La reacción del Partido Popular no se ha hecho esperar. Los populares han solicitado la comparecencia del director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para que explique las razones del cese.

Desde el PP consideran que la funcionaria podría haber sido "destituida por hacer bien su trabajo" y sostienen que el Gobierno "tiene miedo" a la verdad. Por ello, además de reclamar explicaciones en sede parlamentaria, han registrado varias preguntas por escrito para aclarar si el despido está directamente relacionado con la publicación de la alerta que informaba de la entrada irregular de 49.000 inmigrantes.

Los populares también quieren saber si el Ejecutivo considera que informar sobre hechos que afectan a la seguridad nacional puede ser motivo de destitución y si entiende que una información de ese alcance debía mantenerse alejada de la opinión pública. Todo ello después de que el propio Gobierno haya terminado reconociendo una cifra todavía mayor, con 72.000 personas que finalmente cruzaron la frontera durante la crisis migratoria de Ceuta.