Pardo de Vera remite un escrito al juez Ismael Moreno para negar que conociera comisiones en Adif
La expresidenta del gestor ferroviario sostiene ante la Audiencia Nacional que no recibió dinero, desconocía las supuestas contraprestaciones y carecía de poder para decidir las adjudicaciones.
La expresidenta de Adif,, Isabel Pardo de Vera.
Isabel Pardo de Vera ha presentado batalla contra las sospechas que la sitúan en la investigación sobre los presuntos amaños de contratos públicos vinculados al caso Koldo. La expresidenta de Adif ha remitido un escrito a la Audiencia Nacional en el que rechaza haber conocido la existencia de supuestas comisiones y niega que utilizara su cargo para favorecer a determinadas constructoras.
La defensa de Pardo de Vera trata así de desmontar los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que llevaron a su imputación en la pieza que investiga posibles adjudicaciones irregulares de obras ferroviarias a cambio de contraprestaciones económicas.
En su escrito al juez Ismael Moreno, la antigua responsable de Adif sostiene que resulta “inverosímil” atribuirle capacidad para decidir por sí sola el resultado de los concursos públicos. Según argumenta, los contratos ferroviarios estaban sometidos a una sucesión de informes técnicos, valoraciones, controles internos y autorizaciones administrativas que impedían que la presidencia pudiera imponer unilateralmente a una empresa.
Pardo de Vera admite que, por razón de su cargo, participaba en determinados actos formales, como la firma, aprobación o elevación de expedientes. Sin embargo, subraya que esas funciones institucionales no le permitían puntuar las ofertas ni elegir de antemano al adjudicatario.
La expresidenta también pone el foco en la ausencia de cualquier beneficio económico relacionado con ella. Afirma que el informe de la Guardia Civil no identifica transferencias, cuentas, propiedades, pagos, promesas o ventajas patrimoniales que hubieran terminado en sus manos.
Las presuntas contraprestaciones económicas, añade, aparecen vinculadas a terceras personas o a ámbitos empresariales con los que asegura no tener relación. Su defensa considera que tampoco existe ningún indicio que permita concluir que estuviera informada de esos posibles pagos.
Otro de los puntos centrales de su argumentación son las conversaciones intervenidas a Koldo García. Pardo de Vera sostiene que las menciones que el exasesor de José Luis Ábalos realizó sobre ella no demuestran que aceptara intervenir en ninguna adjudicación ni que asumiera el compromiso de beneficiar a una compañía.
Según su versión, sus respuestas a Koldo fueron imprecisas y no contienen órdenes, compromisos concretos o referencias a una finalidad ilegal. Incluso utiliza una conversación entre Koldo García y Santos Cerdán para defender que el entorno investigado la consideraba más un obstáculo que una colaboradora.
En ese intercambio, Koldo se quejaba de que Pardo de Vera habría actuado en sentido contrario a lo que se le solicitaba y que había terminado bloqueando determinadas pretensiones. La expresidenta interpreta ese mensaje como una prueba de que no facilitó los movimientos que ahora se le atribuyen.
La defensa ha solicitado además que Adif entregue al juzgado la certificación final de una obra ejecutada por Levantina de Ingeniería y Construcción, una de las empresas investigadas en la causa.
Pardo de Vera señala que el contrato partía de un presupuesto de 489.300 euros, pero que Adif terminó abonando 373.405,45 euros por los trabajos realmente realizados. Con este documento pretende demostrar que la constructora no recibió la totalidad del importe previsto y que el gestor ferroviario únicamente reconoció las actuaciones efectivamente ejecutadas.
La Audiencia Nacional deberá valorar ahora las alegaciones de la expresidenta de Adif dentro de una investigación que trata de esclarecer si existió una estructura destinada a influir en contratos de obra pública y obtener, a cambio, comisiones ilegales.