Antelo fuerza un Pleno extraordinario para que Murcia rechace el reparto de inmigrantes desde Ceuta y Melilla

José Ángel Antelo y Virginia Martínez han anunciado la solicitud de un Pleno extraordinario en la Asamblea Regional de Murcia para mostrar el rechazo de la Cámara al reparto de inmigrantes en situación irregular llegados desde Ceuta y Melilla.

Ambos consideran que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de una política migratoria que, según denuncian, ha fracasado tanto en el control de las fronteras como en la gestión de las llegadas irregulares.

Antelo ha elevado el tono contra los posibles traslados y ha advertido de que la Región de Murcia «no puede convertirse en la guardería de África ni en el reformatorio de todos aquellos indultados por Mohamed VI». También ha afirmado que no quieren «terroristas ni yihadistas» en las calles de la comunidad.

Antelo y Martínez sostienen que los ciudadanos murcianos no deben asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo central. Por ello, defienden una política migratoria basada en el control efectivo de las fronteras, el cumplimiento de la ley y la protección de la seguridad.

Ambos diputados rechazan cualquier mecanismo que distribuya entre las comunidades autónomas a las personas que hayan entrado de forma irregular en España. A su juicio, este sistema no soluciona el problema en el lugar de origen, sino que lo extiende por todo el territorio nacional.

La iniciativa pretende que la Asamblea Regional fije una posición política ante los posibles traslados y reclame al Gobierno de España que asuma directamente la gestión de la situación migratoria.

Los dos representantes también han exigido al Ejecutivo que refuerce la vigilancia de las fronteras y agilice la devolución de quienes permanezcan en España sin cumplir los requisitos legales.

Antelo y Martínez acusan al Gobierno de mantener políticas que, según consideran, incentivan la inmigración irregular y terminan trasladando la presión asistencial y económica a las administraciones autonómicas.

«Nuestro deber es defender los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia», han señalado, antes de insistir en que la comunidad no debe ser utilizada para compensar lo que califican como el fracaso de la política migratoria de Pedro Sánchez.