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La CNMC plantea cargar a los consumidores hasta 42,5 millones por el gran apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia propone repartir en la factura eléctrica, durante un máximo de doce meses, el coste pendiente de las centrales que ayudaron a recuperar el suministro

Apagón

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Patricia Rodríguez Corchado

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Los consumidores podrían terminar pagando a través de la factura de la luz parte del coste generado por la recuperación del sistema eléctrico después del gran apagón registrado el 28 de abril de 2025. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el organismo encargado de supervisar los mercados y sectores regulados, ha planteado que los pagos pendientes por la reposición del suministro sean asumidos por la demanda eléctrica.

La propuesta afecta a la energía utilizada durante los días 28 y 29 de abril de 2025, cuando numerosas centrales fueron movilizadas para recuperar progresivamente el servicio mientras los mercados eléctricos permanecían suspendidos.

El coste total calculado para estas actuaciones se sitúa entre 34,3 y 51,6 millones de euros. Después de descontar las cantidades que ya habrían sido abonadas mediante los mecanismos ordinarios del sistema, el importe pendiente oscilaría entre 25,2 y 42,5 millones.

Esta cantidad serviría para remunerar a las instalaciones que participaron en la recuperación de la red eléctrica, entre ellas centrales de ciclo combinado de gas, plantas hidroeléctricas, centrales de bombeo y unidades de generación con carbón.

La CNMC propone reconocer un precio aproximado de 119,49 euros por megavatio hora para los ciclos combinados y determinadas centrales hidráulicas y de bombeo. En el caso de las centrales de carbón, la remuneración alcanzaría los 122,71 euros por megavatio hora.

Las cantidades planteadas por el organismo regulador son inferiores a las propuestas inicialmente por Red Eléctrica, que había calculado un precio de 246 euros por megavatio hora para compensar a las centrales que intervinieron durante la reposición del suministro.

El importe se repartiría durante un máximo de doce meses

La propuesta contempla que el coste pendiente no se incorpore de una sola vez a los recibos, sino que se distribuya progresivamente durante un periodo máximo de doce meses.

La cantidad que asumiría cada consumidor dependería de su consumo eléctrico. El recargo estimado se situaría inicialmente entre 0,14 y 0,21 euros por megavatio hora, antes de descontar las cantidades que ya hayan sido liquidadas.

El impacto concreto en cada factura dependerá del consumo de cada hogar o empresa y del importe definitivo que termine aprobándose. La propuesta deberá completar su tramitación antes de que pueda reflejarse en los costes del sistema eléctrico.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sostiene que los precios han sido calculados teniendo en cuenta los costes variables de las instalaciones y diferentes referencias del mercado, sin aplicar una remuneración extraordinaria específica por el apagón.

Más de 600 millones en medidas posteriores al apagón

El posible recargo por la recuperación del servicio se sumaría a los costes derivados del refuerzo de la operación del sistema eléctrico aplicado durante los meses posteriores.

Desde mayo de 2025, Red Eléctrica ha recurrido con mayor frecuencia a centrales de gas y a otras tecnologías síncronas para garantizar la estabilidad de la red y reducir el riesgo de nuevos desequilibrios.

Entre mayo de 2025 y marzo de 2026, estas medidas habrían supuesto alrededor de 666 millones de euros adicionales, incorporados progresivamente al coste de la electricidad.

Para un hogar medio acogido al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, el impacto de esta operación reforzada se ha estimado en unos 14 o 15 euros anuales.

Redeia, empresa matriz de Red Eléctrica, ha asegurado que el apagón no tendrá un impacto financiero directo sobre la compañía. El incidente fue definido como un suceso inédito y provocado por la combinación de distintos factores.

El apagón dejó sin suministro eléctrico a millones de usuarios y provocó interrupciones en los servicios ferroviarios, las comunicaciones, los comercios, los sistemas de pago y los cajeros automáticos, además de afectar durante varias horas a empresas y administraciones.

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