Iustitia Europa lleva a Mohamed VI ante la Corte Penal Internacional por la crisis migratoria de Ceuta
La formación pide investigar si Marruecos utilizó de forma deliberada a miles de civiles para desbordar la frontera española y provocar una situación de “guerra híbrida”
Iustitia Europa ha trasladado la crisis migratoria de Ceuta hasta la Corte Penal Internacional (CPI). La organización política ha presentado una denuncia ante la Fiscalía del tribunal internacional para que investigue si el rey de Marruecos, Mohamed VI, y el primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, pudieron estar detrás de la entrada masiva de personas desde territorio marroquí hacia la ciudad autónoma.
La denuncia pretende esclarecer si lo ocurrido respondió a una actuación organizada desde las estructuras del Estado marroquí y si la población civil pudo ser utilizada como instrumento de presión contra España.
En su escrito, Iustitia Europa solicita a la Fiscalía de la CPI que determine si existió una operación destinada a facilitar la entrada masiva de personas en territorio español con el propósito de desbordar los dispositivos fronterizos, provocar inestabilidad y condicionar las decisiones de las autoridades españolas.
La formación plantea además que los hechos puedan ser analizados a la luz de los artículos 8 y 15 del Estatuto de Roma, relacionados con la investigación de posibles crímenes de guerra y otros delitos sometidos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Iustitia Europa precisa, no obstante, que la inclusión de Mohamed VI y Aziz Akhannouch en la denuncia no significa que exista actualmente una prueba concluyente de que ambos ordenaran directamente la operación.
Lo que reclama es precisamente que se investigue si, debido a sus responsabilidades dentro del Estado marroquí, pudieron conocer, autorizar, promover, ordenar o permitir conscientemente los acontecimientos registrados en la frontera con Ceuta.
Uno de los principales puntos de la denuncia se centra en determinar si Marruecos recurrió deliberadamente a miles de civiles para dificultar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas.
Según sostiene la organización, la condición civil de las personas que participaron en las entradas podría haber reducido la capacidad de respuesta de las autoridades españolas y haber sido utilizada de manera estratégica para superar los controles fronterizos.
La denuncia pide prestar especial atención a la eventual utilización de menores, incluidos menores de quince años, dentro de esos movimientos masivos hacia territorio español.
Iustitia Europa considera que la investigación no debería limitarse a comprobar cómo se produjeron los desplazamientos, sino que tendría que analizar si existió una planificación destinada a emplearlos como instrumento de presión política y territorial.
La organización reclama asimismo que se investigue si las fuerzas de seguridad marroquíes recibieron instrucciones para dejar de aplicar los controles destinados a impedir los desplazamientos hacia Ceuta.
También solicita que se examinen posibles comunicaciones, reuniones, planes, informes de inteligencia u órdenes internas que permitan determinar si existió algún tipo de coordinación previa.
Para Iustitia Europa, la investigación debe esclarecer finalmente si los hechos presentan elementos compatibles con una estrategia de “guerra híbrida”, entendida en este caso como la utilización de movimientos de población civil para ejercer presión sobre otro Estado y alterar el control efectivo de una frontera internacional.