Peinado pisa el acelerador para decidir si sienta a Begoña Gómez en el banquillo antes de jubilarse

El juez Juan Carlos Peinado encara la recta final de la investigación sobre Begoña Gómez con el calendario cada vez más ajustado. El magistrado deberá resolver en las próximas semanas varios trámites pendientes antes de decidir si la esposa del presidente del Gobierno termina sentada en el banquillo junto a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Peinado alcanzará próximamente la edad máxima prevista para permanecer en activo, por lo que septiembre se presenta como un mes decisivo para el futuro de la causa. Antes de tomar una decisión definitiva tendrá que recibir los escritos de defensa, celebrar la audiencia preliminar prevista en el procedimiento del Tribunal del Jurado y determinar si existen elementos suficientes para ordenar la apertura de juicio oral.

Begoña Gómez está investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En el procedimiento también figura Cristina Álvarez, asesora de Presidencia, a quien se atribuye una presunta participación como cooperadora necesaria en el delito de malversación.

Uno de los asuntos pendientes es la presentación del escrito de defensa de Gómez. Su nuevo abogado, Jaime Campaner, solicitó más tiempo para estudiar el procedimiento después de asumir recientemente su representación en sustitución del exministro socialista Antonio Camacho.

La defensa argumentó que el volumen de la causa requiere un análisis detallado antes de formular sus alegaciones. También permanece pendiente el escrito correspondiente a Cristina Álvarez.

Las acusaciones, sin embargo, ya han fijado posición. La acusación popular unificada encabezada por Hazte Oír solicita provisionalmente 13 años de prisión para Begoña Gómez y seis años para Cristina Álvarez.

La Universidad Complutense de Madrid también se ha personado en el procedimiento y reclama una indemnización conjunta superior a los 100.000 euros en relación con el software desarrollado en el entorno de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía Gómez.

Una vez recibidos los escritos de las defensas, Peinado deberá convocar una audiencia preliminar. En esa vista, las distintas partes expondrán sus argumentos sobre la continuidad del procedimiento y sobre la eventual apertura de juicio oral.

Después será el juez quien tenga que resolver si la causa avanza definitivamente hacia el banquillo o si procede adoptar otra decisión procesal.

La Fiscalía mantiene una posición diferente a la de las acusaciones populares y no presentó escrito de acusación contra Gómez ni contra Álvarez. Su postura pasa por defender la absolución de ambas en caso de que finalmente se celebre el juicio.

La Audiencia Provincial de Madrid ya respaldó la continuidad de la investigación al considerar que existían indicios suficientes para mantener abierto el procedimiento.

Entre los hechos analizados se encuentra la posible utilización de la posición de Begoña Gómez como esposa del presidente del Gobierno en distintas actuaciones relacionadas con la Universidad Complutense, la financiación del software vinculado a su cátedra, sus contactos con empresarios y la utilización de su asesora de Moncloa en actividades que la investigación considera potencialmente privadas.

La Audiencia sí corrigió al instructor en relación con las medidas cautelares personales. El tribunal descartó la existencia de riesgo de fuga y dejó sin efecto las restricciones acordadas inicialmente por Peinado, manteniendo únicamente la obligación de permanecer localizables.

Si finalmente se dicta auto de apertura de juicio oral, Begoña Gómez y Cristina Álvarez serían juzgadas por un Tribunal del Jurado compuesto por nueve ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

Con los escritos de defensa todavía pendientes y la audiencia preliminar por celebrar, septiembre concentrará los movimientos decisivos de una investigación que entra ya en su fase definitiva.