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Mónica García transfiere 84 millones a Red.es, la entidad salpicada por contratos investigados en el caso Begoña Gómez

El BOE publica este 13 de agosto el convenio que recoge una aportación de 84,1 millones de Sanidad a Red.es, mientras la Fiscalía Europea mantiene abiertas pesquisas sobre determinadas adjudicaciones de la entidad vinculadas a Juan Carlos Barrabés.

Monica García, Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez

Monica García, Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómezimagen creada por IA

Patricia Rodríguez Corchado

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El Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García vuelve a situar a Red.es en el centro de una importante movilización de fondos públicos. El Boletín Oficial del Estado de este jueves, 13 de agosto, publica un convenio entre Sanidad, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y la entidad pública Red.es para desarrollar servicios digitales inteligentes en el Sistema Nacional de Salud.

El documento deja constancia de una cifra especialmente relevante: 84.104.625,56 euros. El propio convenio señala que una resolución de la Secretaría de Estado de Sanidad autorizó esa transferencia a Red.es para aportar la financiación nacional necesaria a las actuaciones que la entidad desarrolla como organismo intermedio del Programa Plurirregional de España 

La transferencia, sin embargo, no ha sido aprobada ahora. El texto publicado este jueves precisa que la resolución de aportación de Sanidad data del 10 de septiembre de 2024. 

La iniciativa global tiene un presupuesto superior a 223 millones de euros. De ellos, más de 139 millones proceden de Red.es a través de fondos FEDER y más de 84 millones corresponden a la aportación del Ministerio de Sanidad. La propia Red.es ya había informado públicamente de estas cantidades antes de la publicación de este jueves.

Los fondos están destinados a proyectos que incluyen inteligencia artificial aplicada a la salud, analítica avanzada de información clínica, interoperabilidad de imagen médica, monitorización remota de patologías crónicas y telecuidados. El convenio contempla incluso que los proyectos puedan incorporar consultoría y asistencia técnica, hardware, software, desarrollo e implantación de aplicaciones y formación de personal.

En el caso concreto que publica ahora el BOE, Red.es compromete 305.635,43 euros para Ceuta y 228.100,08 euros para Melilla. En cada ciudad, el 15% procede de la aportación realizada por Sanidad y el 85% restante corresponde a fondos gestionados por Red.es.

Red.es y la derivada del caso Begoña Gómez

La relevancia política de Red.es va, sin embargo, más allá de este nuevo convenio sanitario. La entidad pública aparece también en una de las derivadas judiciales relacionadas con el caso Begoña Gómez, debido a contratos que adjudicó a UTE en las que participaban empresas del empresario Juan Carlos Barrabés.

El pasado 4 de agosto, el juez Juan Carlos Peinado acordó remitir a la Fiscalía Europea una pieza relativa a presuntas irregularidades en una licitación adjudicada por Red.es a una UTE formada por Innova Next, empresa de Barrabés, y KPMG. La Fiscalía Europea había asumido ya en 2024 la investigación sobre contratos financiados con fondos europeos adjudicados por Red.es en los que participaban sociedades del empresario.

La UCO señaló en uno de sus informes que, en la valoración de aquella licitación, se habría omitido deliberadamente la ausencia de un requisito contemplado en los pliegos —un denominado libro blanco— en la documentación presentada por la UTE. Es precisamente esa adjudicación la que Peinado ha remitido ahora a la Fiscalía Europea.

El vínculo con Begoña Gómez procede de la investigación judicial sobre las relaciones de la esposa del presidente del Gobierno con Barrabés. No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid sostiene que Gómez era ajena a Red.es y que no consta que presionara a sus responsables para favorecer las adjudicaciones al empresario, motivo por el que ha pedido su absolución en esa causa.

La coincidencia está en la entidad pública que gestiona los fondos: Red.es vuelve a recibir y gestionar una importante cantidad de dinero público mientras determinados contratos adjudicados anteriormente por el organismo continúan bajo investigación europea.

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