La pista que une a Leire Díez con Santos Cerdán eleva el caso a otro nivel y complica la posición de la gerente del PSOE

La investigación sobre las actuaciones atribuidas a Leire Díez ha dejado de tener únicamente a la exmilitante socialista y a su entorno inmediato como protagonistas. Las últimas conclusiones plasmadas por el juez Arturo Zamarriego dibujan un escenario de mayor alcance, con Santos Cerdán situado como una figura relevante en el supuesto respaldo que habría permitido desarrollar las maniobras investigadas.

El magistrado sostiene que Díez habría contado con el «impulso y soporte intelectual y/o financiero» del que fuera secretario de Organización del PSOE. Pero va más allá: según recoge en su resolución, Cerdán habría acordado remunerarla por sus servicios utilizando fondos del partido.

Esa afirmación introduce una nueva dimensión en unas diligencias que inicialmente se concentraron en Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

La tesis que ahora maneja el instructor es que los tres podrían no haber ocupado el principal escalón del entramado. Es decir, la investigación ya no contempla necesariamente a Díez, Pérez Dolset y Rusiñol como el vértice de la estructura, sino como parte de una organización en la que habrían intervenido personas con un nivel superior de responsabilidad.

Ese cambio de perspectiva es precisamente uno de los argumentos que han llevado al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid a remitir sus actuaciones a la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz mantiene abierta una investigación de mayor alcance.

La causa que dirige Pedraz trata de esclarecer la existencia de una supuesta trama en la que habrían participado políticos, militantes socialistas, abogados y empresarios, y cuyo objetivo habría sido desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Dentro de ese escenario, la conexión económica adquiere especial relevancia. Zamarriego considera que Gaspar Zarrías y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver habrían podido facilitar sociedades mercantiles para canalizar los pagos que se investigan.

La resolución también apunta a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, a quien atribuye la presunta emisión de órdenes de encargo que habrían servido de soporte para facturas que el magistrado califica de «mendaces». Mediante ese mecanismo, siempre según la hipótesis judicial, se habrían realizado transferencias destinadas finalmente a Leire Díez y a Javier Pérez Dolset.

El dinero se convierte así en uno de los hilos que deberá seguir ahora la Audiencia Nacional. No se trata únicamente de establecer si existieron pagos, sino de determinar quién los ordenó, mediante qué estructuras se realizaron y quién terminó recibiendo realmente los fondos.

La investigación que comenzó examinando los contactos de Díez para obtener información comprometida sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción se adentra, por tanto, en una posible cadena de responsabilidades más extensa.

A Díez se le atribuye haber buscado información sobre investigadores y fiscales e incluso haber ofrecido, presuntamente, remuneraciones o favores a funcionarios a cambio de datos o actuaciones contrarias a sus obligaciones profesionales. El objetivo, según recoge la investigación, habría sido interferir en causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Sin embargo, el elemento que modifica ahora el alcance del procedimiento es la posibilidad de que esas actuaciones no nacieran ni terminaran en Leire Díez.

El propio Zamarriego advierte de que Díez, Pérez Dolset y Rusiñol «podrían no ocupar un lugar principal» dentro de la estructura investigada y destaca que la causa de la Audiencia Nacional se dirige también contra personas que podrían encontrarse en un nivel jerárquico superior.

Es ahí donde aparece con especial fuerza el nombre de Santos Cerdán. El juez no solo lo vincula al supuesto respaldo intelectual o financiero de Díez, sino que sostiene que habría existido un acuerdo para pagar sus servicios con recursos del PSOE.

La acumulación de ambas investigaciones permitirá ahora reconstruir en una única causa tanto las actuaciones atribuidas a Díez y su círculo como la posible estructura situada por encima de ellos.

Pedraz tendrá que determinar hasta dónde alcanzaba esa organización, cuál era el papel concreto de cada uno de los investigados y, especialmente, qué recorrido siguió el dinero.

El caso entra así en una fase diferente. Lo que comenzó como una investigación sobre las maniobras de Leire Díez para obtener información de jueces, fiscales y guardias civiles se dirige ahora hacia una cuestión de mayor calado: si detrás de aquellas actuaciones existía una estructura organizada, quién la impulsaba y desde dónde se financiaba.