Sánchez se aferra al Supremo para no enseñar el expediente de Plus Ultra

Pedro Sánchez presume de transparencia hasta que la transparencia pide papeles. El Gobierno ha llevado hasta el Tribunal Supremo su empeño por mantener bajo llave el expediente completo del rescate de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en 2021. Una larga batalla judicial que adquiere ahora otra dimensión: la operación se encuentra bajo investigación y la documentación remitida por la SEPI ya ha merecido serios reproches policiales.

Según ha adelantado El Debate, el Alto Tribunal ha señalado para el próximo 27 de octubre la vista en la que los servicios jurídicos del Estado deberán defender por qué los documentos de aquella ayuda pública deben continuar reservados. No será la primera parada judicial. Tampoco llega el Gobierno con el marcador a favor.

Dos resoluciones contra el secretismo

La pelea comenzó después de que se solicitara a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales una copia del expediente de solicitud y concesión de la ayuda. La SEPI rechazó entregarla amparándose en el artículo 2.17 del decreto aprobado durante la pandemia, que otorgaba carácter reservado a la información manejada por el fondo destinado a salvar empresas consideradas estratégicas.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación. Su conclusión fue bastante menos misteriosa que el expediente: la confidencialidad no puede interpretarse de manera absoluta y existe un elevado interés público en conocer cómo se justificó la entrega de semejante cantidad de dinero.

Primero un juzgado central de lo Contencioso-Administrativo y después la Audiencia Nacional respaldaron ese criterio. La Abogacía del Estado y la SEPI, lejos de abrir el cajón, recurrieron ante el Supremo. Perseverancia no les falta.

La cuestión que deberá resolver ahora el Alto Tribunal es si aquel decreto de emergencia estableció un régimen especial capaz de imponerse a la Ley de Transparencia. El recurso no decidirá si la ayuda fue correcta. Decidirá si los ciudadanos tienen derecho a conocer íntegramente cómo se concedió.

Las carpetas vacías de la SEPI

Todo coincide con la investigación penal sobre las presuntas influencias ejercidas alrededor de la operación. En mayo, la UDEF advirtió al juez de que la documentación enviada por la SEPI contenía carpetas vacías, archivos imposibles de abrir y ausencias relevantes. El organismo público sostuvo que había remitido la información disponible, pero los investigadores detectaron diferencias entre sus dos entregas.

El Ejecutivo continúa defendiendo que la concesión fue examinada, avalada y ajustada a la legalidad. Plus Ultra también niega cualquier trato de favor. Sin embargo, después de cinco años, dos resoluciones adversas y un recurso de casación, Moncloa tendrá que explicar ante los jueces por qué su transparencia termina precisamente donde comienzan los 53 millones.