Bruselas aprieta a Sánchez por Ceuta: exige información y espera que todos sean devueltos

El Ejecutivo comunitario insiste en que quienes entraron irregularmente deben regresar a Marruecos, incluidos los menores, mientras Moncloa prepara el traslado de 500 niñas vulnerables a diferentes puntos de la Península

Varios inmigrantes desalojados de la playa de El TrampolínEuropa Press

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A Pedro Sánchez empiezan a llegarle desde Bruselas las mismas preguntas que todavía siguen sin una respuesta clara en Ceuta. La Comisión Europea ha vuelto a insistir este jueves en que espera el retorno a Marruecos de quienes permanezcan irregularmente en la ciudad autónoma y reclama al Gobierno español más información sobre sus planes concretos para resolver la crisis.

El portavoz comunitario de Asuntos de Interior, Markus Lammert, ha reiterado una posición que Bruselas ya había expresado con bastante claridad: su «expectativa» es que todos los inmigrantes que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados. Y cuando dice todos incluye también a los menores no acompañados, aunque en su caso deban respetarse las garantías específicas previstas por la legislación europea.

Y ahí es donde empieza a chirriar la fotografía española. Porque mientras Europa habla de retornos, el Gobierno trabaja para trasladar urgentemente a la Península a unas 500 niñas consideradas especialmente vulnerables. El plan de Juventud e Infancia busca recursos fuera de Ceuta para unas menores cuya situación se ha convertido en una de las consecuencias más delicadas de la avalancha migratoria.

Bruselas no cuestiona que esas niñas deban recibir protección mientras permanezcan bajo responsabilidad española. Todo lo contrario: recuerda expresamente esa obligación. Pero también señala que el Derecho comunitario contempla el retorno de menores no acompañados cuando se cumplan las condiciones legales necesarias y confía en que España y Marruecos cooperen para hacerlo efectivo.

De «devolverlos a todos» a levantar campamentos

La insistencia europea llega, además, en un momento especialmente incómodo para Moncloa. Este mismo jueves, Policía Nacional y Guardia Civil han desalojado la playa de El Trampolín, convertida durante tres semanas en el símbolo más visible del desbordamiento de Ceuta, y han comenzado a trasladar a sus ocupantes a los nuevos recursos temporales habilitados por Migraciones.

El Gobierno ha reubicado ya a 1.800 inmigrantes en dos espacios acondicionados y prepara nuevas instalaciones para quienes todavía necesitan alojamiento. La operación permite empezar a solucionar el problema más urgente —sacar a miles de personas de asentamientos improvisados—, pero deja pendiente la pregunta bastante más complicada: qué ocurrirá después con ellas.

Porque el mensaje inicial del Ejecutivo fue bastante más sencillo. Tras la avalancha del 30 de julio, Interior puso el acento en las devoluciones y en la cooperación con Marruecos para acelerar los retornos. Tres semanas después hay campamentos temporales, expedientes de protección internacional, miles de menores identificados y un proyecto para llevar a medio millar de niñas a distintos recursos de la Península.

Y ahora Bruselas pide conocer el plan.

La Comisión Europea no reclama devoluciones indiscriminadas ni saltarse las garantías que protegen especialmente a los menores. Pero tampoco considera que el traslado a la Península cierre necesariamente el problema: mantiene el retorno a Marruecos encima de la mesa y espera que ambos países colaboren para ejecutarlo cuando legalmente corresponda.

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Europa ha dejado, por tanto, bastante clara su receta: protección para quien tenga derecho a ella, garantías específicas para los menores y retorno para quien permanezca irregularmente. Tres semanas después de la avalancha, Bruselas quiere que el Gobierno español termine de explicar la parte más difícil: a quién piensa trasladar, a quién devolver y cuándo piensa empezar a hacerlo.