inacción del gobierno en ceuta
Iustitia Europa denuncia a las mafias que trafican con inmigrantes en Ceuta y exige a Sánchez actuar
La formación denuncia ante los juzgados de Ceuta a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas hacia la Península y reclama investigar toda la estructura de las redes, después de conocerse operaciones con cinco detenidos y viajes de hasta 56.000 euros

(Foto de ARCHIVO) El abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, atiende a los medios tras finalizar el juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz 09/6/2026
Iustitia Europa ha llevado ante los tribunales de Ceuta a las organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de personas desde la ciudad autónoma hacia la Península. La formación política, a través de su presidente, Luis María Pardo, ha presentado una denuncia ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Ceuta para que se investigue la estructura completa de estas redes, desde quienes captan y organizan los viajes hasta sus financiadores, receptores y responsables económicos.
La iniciativa llega después de conocerse investigaciones que han permitido desarticular dos organizaciones y detener a cinco personas, en operaciones en las que se han detectado cobros de hasta 9.000 euros por persona y desplazamientos marítimos realizados en condiciones de grave riesgo.
Para Iustitia Europa, estos hechos evidencian que la salida de personas desde Ceuta hacia la Península se está produciendo a través de organizaciones criminales que obtienen importantes beneficios económicos. Pardo sostiene que "Ceuta se está descongestionando por la puerta de atrás, mientras las mafias hacen negocio con seres humanos" y reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que intervenga.
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La denuncia pone el foco en uno de los viajes investigados: siete personas fueron trasladadas durante unas cinco horas y alrededor de 40 kilómetros en una embarcación de apenas cinco metros, sin chalecos salvavidas y llegando incluso a quedar a la deriva. El coste de la travesía alcanzaba los 8.000 euros por persona, lo que suponía 56.000 euros por un único desplazamiento.
"Es gravísimo. Mientras Ceuta continúa soportando las consecuencias devastadoras de la invasión masiva desde Marruecos, las mafias están haciendo negocio y trasladando personas clandestinamente a la Península", afirma Pardo.
El presidente de Iustitia Europa considera que el Estado no puede permitir que las organizaciones criminales ocupen el espacio que corresponde a las instituciones y sean quienes organicen el traslado de personas desde Ceuta, establezcan los precios y determinen las condiciones de los viajes.
"Sánchez debe actuar ante el tráfico de personas. No podemos permitir que la descongestión de Ceuta termine produciéndose por la puerta de atrás y en manos de organizaciones criminales", sostiene.
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Iustitia Europa considera insuficiente que las investigaciones se limiten a quienes pilotan las embarcaciones. La denuncia reclama identificar a los captadores, organizadores, responsables de proporcionar los medios materiales, financiadores, receptores de los pagos y quienes coordinan la llegada a la Península.
Pardo sostiene que la frontera no puede quedar en manos de las mafias y reclama al Ejecutivo que persiga estas estructuras y haga cumplir la ley. "No puede ser que unas organizaciones criminales estén decidiendo quién sale de Ceuta, cuánto paga, cómo cruza el Estrecho y dónde acaba en la Península", afirma.
La formación califica la situación de "vergüenza para España" y exige una respuesta inmediata del Gobierno ante unas redes que, según denuncia, están cobrando miles de euros por trasladar personas de forma clandestina y poniendo en riesgo sus vidas.
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La denuncia presentada ante los juzgados de Ceuta se suma a las actuaciones que Iustitia Europa ya había impulsado tras los acontecimientos del 30 de julio.
La formación ha acudido anteriormente a la Audiencia Nacional, la Corte Penal Internacional y la Comisión Europea. En el caso de la Audiencia Nacional, ya se han solicitado informes para esclarecer lo sucedido, mientras que los hechos también fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía de la CPI y de la Comisión Europea.
"El Estado tiene que controlar la frontera, perseguir a las mafias y ejecutar la ley", concluye Pardo. "Lo que no puede ocurrir es que organizaciones criminales hagan por miles de euros y poniendo vidas en peligro lo que el Gobierno no está resolviendo por las vías legales".