Sánchez y elecciones generales: 22 de agosto de 2027, día límite si la corrupción no precipita su caída

"Algún compañero me pide evidentemente adelantar las elecciones, porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila". Palabra de Pedro Sánchez del pasado 27 de mayo. 

A lo que añadía, con una media sonrisa: "Yo se lo agradezco, pero yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas". Fue en ese preciso instante cuando no se escucharon las carcajadas en la sala, y entonces el presidente del Gobierno pudo concluir su texto: "Y el interés general a día de hoy es la estabilidad de políticas que nos están permitiendo zafarnos de las consecuencias económicas y sociales de las crisis". 

Sánchez, pendiente de los casos judiciales que le acorralan

Pedro Sánchez tiene muchas fechas marcadas en rojo en el calendario, casi todas relacionadas con los pasos a seguir en las diferentes y diversas causas judiciales que le acorralan a él a y su entorno más próximo como, por ejemplo, el de su esposa Begoña Gómez. 

Solo por citar la corrupción que más le duele en el seno familiar, una vez que su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón, ya ha sido condenado por los tribunales como autor de dos delitos de prevaricación administrativa en el caso de la plaza concedida a dedo en la Diputación de Badajoz. De hecho, el músico de la familia tiene que hacer frente a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

Por no hablar de otras causas que están en ebullición y que una vez completado el inhábil mes de agosto, volverán a generar incontables titulares sobre la financiación ilegal del PSOE, la 'fontanera sanchista' Leire Díez, el millonario caso de los hidrocarburos, las múltiples tramas de la SEPI, el rescate de la aerolínea Plus Ultra o las joyas de Zapatero y demás actividades ilegales del expresidente socialista, entre otros asuntos turbios relacionados con este Gobierno.  

22 de agosto de 2027, fecha límite según la ley

Al margen de esos quebraderos de cabeza, hay otro día que también está muy presente en la planificación del presidente del Gobierno y de sus más de mil asesores presidenciales. Es el 22 de agosto de 2027. Ese sería, salvo una disolución anticipada de las Cortes, el último domingo en el que los españoles podrían ser llamados a las urnas para unas elecciones generales si el actual mandato agota todos sus plazos legales, como así se afana en asegurar el jefe del Ejecutivo desde hace meses. 

No es una previsión política ni una estimación del Gobierno. Es el resultado del calendario constitucional y electoral. Las últimas elecciones generales se celebraron el 23 de julio de 2023, después de que Sánchez decidiera adelantar los comicios tras las elecciones autonómicas y municipales de mayo de ese mismo año.

La Constitución establece una duración de cuatro años para el mandato de las Cámaras, salvo que sean disueltas antes. Y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) concreta qué ocurre cuando no existe adelanto. Su artículo 42 establece que, en ese supuesto, el decreto de convocatoria debe expedirse el vigésimo quinto día anterior a la expiración del mandato y que las elecciones deben celebrarse el día quincuagésimo cuarto posterior a la convocatoria.

Traducido al calendario quiere decir que si las Cortes actuales agotan sus plazos establecidos, el decreto tendría que expedirse el 28 de junio de 2027, publicarse al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Lo que, por lo tanto, conduciría a unas elecciones el 22 de agosto del año próximo.

¿Incumpliría Sánchez la norma, con tal de seguir?

Ese debe considerarse el límite legal. Otra cuestión bien distinta es que el presidente decida por su cuenta y riesgo adentrarse en terrenos desconocidos y busque la manera de alargar su presencia en el Palacio de la Moncloa por cualquier otra vía que no implique dar la voz a los españoles en la fecha y forma establecida. 

Una hipótesis no descartada por no pocos analistas políticos, que auguran un futuro muy negro al actual líder socialista, una vez que deje de contar con el aparato del Estado para sus intereses personales. 

No obstante, el propio presidente ha contribuido a alimentar la idea de que queda menos de un año para que las urnas valoren su gestión al frente del Ejecutivo. El pasado 28 de julio, durante su comparecencia en Moncloa para hacer balance del curso político, deslizó que quedaba un año "para culminar esta legislatura". Es decir, poco más de once meses a estas alturas de curso. 

La afirmación encaja con la posición que viene manteniendo desde hace tiempo. En junio, ante las peticiones de adelanto electoral de la oposición y de algunos de sus socios parlamentarios, Sánchez volvió a defender que las Cortes cumplirán su mandato y que en 2027 volverán a hablar los españoles. Pero una cuestión es la voluntad política y otra bien distinta la capacidad de mantenerla.

La invasión de Ceuta entra en escena y hace mucho daño

La paradoja de esta legislatura es que Sánchez puede afirmar que quiere agotar el mandato sin que eso signifique necesariamente que las elecciones vayan a celebrarse en julio o agosto de 2027.

El propio Gobierno ha dejado abierta esa puerta. En junio, preguntado en Bruselas por la posibilidad de convocar elecciones si no lograba aprobar los Presupuestos Generales del Estado, Sánchez evitó comprometerse de forma tajante con la continuidad del Ejecutivo hasta el último día. Su respuesta fue que negociaría y que, si se daban determinadas hipótesis, tomaría las decisiones correspondientes.

Desde entonces, el mensaje oficial ha sido que la intención sigue siendo agotar la legislatura. Pero en el entorno del Ejecutivo también se ha manejado la posibilidad de que unas elecciones celebradas unos meses antes pudieran ser presentadas como un "adelanto técnico", dando por prácticamente completado el mandato.

Ahí aparece el verdadero calendario político. Porque si Sánchez quiere evitar el 22 de agosto de 2027, tendrá que elegir entre diferentes ventanas electorales. Una de ellas podría situarse en febrero o marzo, antes de que la campaña para las elecciones municipales y autonómicas monopolice el debate político. Sus socios de PNV y Junts ya le han dejado claro que no puede haber un súper domingo electoral, porque les daría la puntilla a todos ellos. También se lo han advertido los líderes territoriales socialistas, aunque eso le importa poco al todavía secretario general de este PSOE.

La otra opción sería dejar pasar ese ciclo electoral y celebrar las generales posteriormente, en una fecha que podría acercarse al límite de julio o incluso, jurídicamente, al 22 de agosto. Hay un contratiempo evidente: obligaría a los españoles a votar en pleno periodo vacacional. Otra vez en verano. La ley lo permite, pero desde el punto de vista político sería una decisión difícil de explicar y de gestionar. Aunque, como piensan en el ala oeste del Palacio de la Moncloa, si no le salió del todo mal una vez, ¿por qué no repetir?

Sin embargo, ni el propio Pedro Sánchez ni los más del millar de asesores que le arropan calcularon las consecuencias de una invasión territorial que sí vieron venir, pero que no supieron calibrar. La entrada por la fuerza en Ceuta de 80.000 inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos ha generado una crisis de consecuencias aún desconocidas. 

No en vano, ya hay cargos socialistas especialmente críticos que aseguran de puertas hacia dentro que la situación que viven los ceutíes puede llevarse por delante a Pedro Sánchez y a todo su Gobierno. No lo hará, mientras sus socios no quieran. Lo que sí está claro es que la cuenta atrás de esta particular legislatura sigue avanzando. Y los españoles están deseando desde hace mucho tiempo que les den la palabra.