Guerra total de Sánchez contra Ceuta: retuerce la ley al máximo para intentar frenar las manifestaciones a menos de 24 horas

Pedro Sánchez abre un nuevo frente por Ceuta a menos de 24 horas de que numerosos municipios españoles salgan a la calle para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma. Las Delegaciones del Gobierno han comenzado a desautorizar las concentraciones comunicadas por ayuntamientos alegando que las corporaciones locales no pueden ejercer el derecho fundamental de reunión. Una interpretación jurídica y un recoveco legal con la que el Ejecutivo trata de frenar sembrando dudas sobre unas convocatorias que amenazan con dejar este miércoles una incómoda fotografía de movilizaciones por toda España contra su gestión de la crisis ceutí.

La batalla ha estallado especialmente en Madrid. El Ayuntamiento de la capital había comunicado una concentración para este miércoles 2 de septiembre en la Plaza de Cibeles. La Delegación del Gobierno ha respondido mediante un escrito en el que rechaza tramitar la convocatoria conforme a la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión.

El PP de Madrid ha interpretado inmediatamente la decisión como una prohibición. "Acabamos de recibir un escrito de Delegación de Gobierno en el que comunican al Ayuntamiento de Madrid que prohíben la concentración prevista para mañana en Cibeles", ha señalado el partido, que ha denunciado un "intento del Gobierno de Sánchez de boicotear las muestras ciudadanas de apoyo al pueblo de Ceuta" y ha anunciado que estudia posibles respuestas.

El Gobierno, a los pocos minutos y por parte de precisamente el Delegado en Madrid Francisco Martín, ha negado que haya prohibido la concentración. Y aquí está precisamente la letra pequeña de una polémica en la que cada palabra importa.

No la prohíbe, pero desautoriza la convocatoria del Ayuntamiento

El documento de la Delegación no contiene literalmente una orden de prohibición ni establece que el acto no pueda celebrarse. Lo que hace es negar al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de tramitarlo en los términos en los que lo había comunicado: como ejercicio del derecho de reunión.

Para justificarlo, la Delegación se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (sentencias previas) y sostiene que los derechos fundamentales corresponden fundamentalmente a las personas físicas y, de manera derivada, a determinadas personas jurídicas, pero sólo de forma muy limitada a las Administraciones Públicas como son los ayuntamientos.

A partir de esa interpretación, la Delegación concluye que "los alcaldes, cuando actúan en el ejercicio de su cargo o en representación del Ayuntamiento, no tienen la consideración de titulares del derecho de reunión". Y establece la consecuencia: "Por este motivo, la comunicación recibida no puede tramitarse conforme al procedimiento previsto en la Ley Orgánica 9/1983".

Ahí se encuentra el núcleo de la maniobra. El Gobierno puede defender que técnicamente no ha prohibido la celebración del acto, pero al mismo tiempo desautoriza al Ayuntamiento como convocante de una concentración al amparo del derecho de reunión. Es decir, la convocatoria presentada por el Consistorio no obtiene el reconocimiento jurídico que había solicitado.

La propia Delegación introduce, sin embargo, un matiz fundamental que impide hablar estrictamente de prohibición. El escrito señala expresamente que su decisión "no afecta a la posibilidad" de que el Ayuntamiento, "dentro del ámbito de sus competencias y bajo su responsabilidad", organice los "actos institucionales que estime oportunos, como el referido".

Más aún, la Delegación asegura haber trasladado la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que puedan adoptar las medidas necesarias destinadas a garantizar la seguridad de ese eventual acto institucional. Por tanto, Cibeles puede acoger el acto, en este caso, la manifestación. Lo que el Gobierno rechaza es que el Ayuntamiento pueda convocarlo y tramitarlo como una concentración acogida al derecho fundamental de reunión.

Objetivo: sembrar dudas

La maniobra puede tener, además, un efecto añadido: sembrar confusión entre quienes tenían previsto acudir a las concentraciones. El choque de mensajes entre el Gobierno -que asegura que no ha prohibido los actos- y los ayuntamientos -que denuncian que sus convocatorias han sido desautorizadas- puede llevar a muchos ciudadanos a pensar que acudir este miércoles supone participar en una concentración prohibida o no autorizada.

Precisamente en ese punto han incidido fuentes del PP madrileño a ESdiario tras darse cuenta de la jugada de Sánchez: 

"Es evidente que la intención de la delegación del gobierno al enviar ese escrito a los ayuntamientos es intentar boicotearla generando dudas sobre la concentración de mañana. Ante nuestra queja, la delegación se ha visto obligada a matizar amparándose en una absurda cuestión jurídica. El Ayuntamiento mantiene el acto de mañana e invita a los madrileños a que se sumen de forma masiva"

Una incertidumbre que, a pocas horas de las movilizaciones, puede actuar como elemento disuasorio pese a que, como reconoce el propio escrito remitido a Madrid, el acto puede celebrarse bajo la fórmula de acto institucional y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han sido avisadas para garantizar su seguridad.

Una movilización incómoda para Moncloa

A pocas horas del 2 de septiembre, el resultado es una guerra política y jurídica sobre unas movilizaciones que iban a convertir la crisis ceutí en una protesta de alcance nacional. Sánchez puede sostener que sus Delegaciones no las han prohibido literalmente (el documento de Madrid permite comprobarlo) pero también demuestra que el Gobierno ha recurrido a una interpretación restrictiva del derecho de reunión para negar a los ayuntamientos la condición de convocantes y obligarlos, si quieren mantener sus actos, a hacerlo bajo otro encaje jurídico.

Por lo tanto, las concentraciones pueden seguir adelante como actos institucionales, pero no de la manera en que los consistorios las habían comunicado. Y es precisamente esa intervención de última hora, cuando faltan apenas unas horas para las movilizaciones, la que ha llevado al PP a acusar al Gobierno de intentar boicotear una imagen que Moncloa preferiría evitar: ayuntamientos de distintos puntos de España movilizados simultáneamente en apoyo a Ceuta.

El PP acusa a Sánchez de "boicotear" las protestas

El pulso adquiere todavía mayor dimensión porque las concentraciones cuentan con el respaldo del PP y Vox. Tanto Feijóo como Abascal tenían previsto encabezar la representación de sus respectivos partidos en Cibeles, mientras ambas formaciones habían anunciado su apoyo a las movilizaciones organizadas por toda España. Ambos han dejado claro tras estallar la polémica que estarán presentes en Cibeles.

La convocatoria recordemos que ha provocado incluso movimientos dentro del PSOE, con varios alcaldes socialistas que habían decidido sumarse a los actos pese a que Ferraz había instado a sus cargos a no respaldarlos.

Madrid tampoco es el único escenario de la polémica. El Gobierno había comenzado desde el lunes a desautorizar convocatorias planteadas en municipios gobernados por el PP, con casos como Santander y la localidad malagueña de Mijas. En Málaga, además, los populares han denunciado lo que consideran maniobras para obstaculizar las movilizaciones. El PP provincial ha exigido a la Subdelegación del Gobierno que deje de enviar policías a los ayuntamientos de la provincia con el objetivo, según ha denunciado, de "intimidar" y "boicotear" las concentraciones convocadas en apoyo a Ceuta.

El argumento utilizado en Madrid abre además una cuestión evidente. Si el problema que aprecia el Gobierno no está en el contenido concreto de la concentración, sino en que un ayuntamiento carece de legitimación para ejercer el derecho de reunión, el criterio debería ser trasladable a aquellas convocatorias municipales formuladas de la misma manera en otros puntos de España. Por lo tanto, todas estarían desautorizadas.

Veremos qué ocurre mañana, pero lo que parece claro es que Sánchez ha buscado introducir hasta el último momento obstáculos jurídicos y confusión alrededor de unas concentraciones especialmente incómodas para su ya de por sí criticada figura. Una batalla jurídica que llega precisamente cuando el Ejecutivo se enfrenta a la imagen de numerosos municipios españoles movilizados simultáneamente en solidaridad con Ceuta y contra su gestión de la crisis. Poderosa imagen que todo apunta va a tener que sufrir igual y con los ánimos más caldeados todavía.