Aldama aparece en la pista portuguesa de los 27,9 millones del caso hidrocarburos que la Fiscalía Europea remite a Pedraz
La documentación remitida al juez sigue el rastro de fondos movidos entre España y Portugal y sitúa a una sociedad vinculada al empresario entre las compañías analizadas.
El juez Santiago Pedraz y Víctor de Aldama
La investigación sobre el denominado caso hidrocarburos incorpora una nueva vía procedente de Portugal. La Fiscalía Europea ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz información sobre el movimiento de aproximadamente 27,9 millones de euros entre sociedades españolas y portuguesas durante los años 2022, 2023 y 2024.
El origen de esta nueva documentación está en una investigación abierta en Portugal a partir de distintas alertas emitidas por entidades financieras dentro de sus obligaciones de prevención del blanqueo de capitales. Esos avisos llevaron a las autoridades a reconstruir varias transferencias procedentes de España y relacionadas con empresas del sector de los combustibles.
Según los datos remitidos a la Audiencia Nacional, alrededor de 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugués durante ese periodo. Los fondos procedían de transferencias ordenadas desde sociedades españolas como Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000.
La Fiscalía Europea investiga si determinadas compañías portuguesas pudieron actuar como intermediarias en una operativa destinada a canalizar dinero mediante aparentes pagos por suministros. La cuestión que tratan de esclarecer los investigadores es si esas operaciones respondían a una actividad comercial real o si algunas sociedades fueron utilizadas únicamente para mover fondos entre distintos países.
Parte del dinero habría regresado posteriormente a España. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, alrededor de nueve millones de euros volvieron a cuentas bancarias españolas. Otros tres millones fueron enviados al Reino Unido y una cantidad similar acabó distribuida entre cuentas abiertas en países como Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay.
En Portugal permanecieron aproximadamente 13 millones de euros. De esa cantidad, unos 11,8 millones han sido intervenidos en el marco de las pesquisas. La Fiscalía Europea ha comunicado a Pedraz que esos fondos quedan a disposición de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.
Entre las sociedades examinadas aparece Atmosferaudaz Unipessoal, constituida en Portugal en 2022 y vinculada a Víctor de Aldama. La Fiscalía Europea identifica al empresario como único accionista de la compañía y señala que podía gestionar cuatro cuentas bancarias asociadas a la sociedad.
Esas cuentas recibieron aproximadamente 7,4 millones de euros entre enero de 2022 y noviembre de 2023. Esa cifra forma parte del conjunto de movimientos analizados por los investigadores, aunque no equivale a los 27,9 millones totales detectados en Portugal.
Atmosferaudaz tenía entre sus actividades declaradas la prestación de servicios de consultoría y operaciones relacionadas con la compra, venta y gestión de bienes inmuebles. Sin embargo, la documentación analizada señala que la sociedad no aparece como compradora de propiedades en Portugal, por lo que los investigadores tratan de determinar cuál fue su actividad efectiva durante el periodo examinado.
La Fiscalía Europea también ha analizado la situación de otras sociedades portuguesas que recibieron fondos procedentes de España. La información bancaria y fiscal recabada lleva a los investigadores a cuestionar la actividad económica real de varias de esas compañías.
Las pesquisas se centran ahora en determinar si las facturas y declaraciones fiscales vinculadas a esas operaciones reflejaban transacciones comerciales efectivas o si pudieron utilizarse para justificar formalmente determinadas transferencias de dinero.
La investigación portuguesa considera que el posible delito fiscal de origen se habría cometido en España, razón por la que la documentación ha sido remitida a Pedraz para su incorporación a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.
El magistrado investiga un presunto fraude relacionado con el IVA de los hidrocarburos que habría operado entre 2021 y 2024 y cuyo importe global supera los 200 millones de euros. En el procedimiento figuran distintos empresarios y sociedades relacionadas con el comercio de combustibles.