JUCIL exige la dimisión de Marlaska tras conocerse que Interior tenía por escrito la alerta sobre Ceuta

La presión sobre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aumenta tras hacerse público el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre los acontecimientos registrados en Ceuta a finales de julio. JUCIL ha reclamado este miércoles su dimisión inmediata al considerar que el Ejecutivo disponía de información previa sobre el elevado riesgo de entradas masivas y, pese a ello, no adoptó las medidas necesarias para reforzar la frontera.

La asociación profesional de la Guardia Civil sostiene que el documento de la Policía Nacional entregado en sede judicial supone un punto de inflexión porque, según denuncia, acredita que las autoridades habían recibido previamente y por escrito una advertencia que calificaba de «riesgo extremo» la posibilidad de que se produjeran intentos coordinados de entrada en Ceuta, tanto mediante saltos de la valla como por vía marítima.

El análisis del CENIF se habría elaborado a partir del seguimiento de fuentes abiertas y redes sociales, donde se detectaron movimientos y mensajes relacionados con posibles intentos de acceso a la ciudad autónoma desde Marruecos. Para JUCIL, el hecho de que esa información estuviera disponible antes de que se produjera la avalancha obliga ahora a esclarecer qué ocurrió con aquella advertencia y qué decisiones se adoptaron desde Interior.

La organización considera que la ausencia de una respuesta suficiente ante ese escenario dejó a Ceuta en una situación de especial vulnerabilidad y cuestiona que no se reforzaran previamente los dispositivos desplegados en el perímetro fronterizo.

JUCIL señala directamente a Interior

La asociación sostiene que la responsabilidad no puede limitarse únicamente al terreno operativo. A su juicio, si existía un análisis previo que advertía del peligro, corresponde determinar por qué no se adoptaron medidas preventivas proporcionadas a la gravedad de la amenaza.

JUCIL denuncia además que los principales perjudicados fueron los propios guardias civiles destinados en la frontera, que tuvieron que hacer frente a la situación sin los refuerzos, la planificación y el respaldo operativo que, según la organización, habrían sido necesarios.

La asociación acusa al Ministerio del Interior de haber dejado expuestos a los agentes ante un escenario de alto riesgo que podía haberse previsto y reclama que se depuren responsabilidades políticas «al más alto nivel». También aprovecha la situación para insistir en una de sus reivindicaciones históricas: que los miembros de la Guardia Civil sean reconocidos como profesión de riesgo.

JUCIL, que cuenta con más de 15.000 miembros, viene denunciando desde el inicio de la crisis la falta de medios y de refuerzos en la frontera. Ahora considera que la aparición del informe policial cambia el escenario porque introduce un elemento clave: la existencia de una alerta previa que, según la asociación, no recibió una respuesta adecuada.

Por ello, JUCIL no se limita a solicitar explicaciones al Ministerio del Interior y exige directamente la salida de Grande-Marlaska, además de reclamar que se investigue quién conoció el informe, cuándo tuvo conocimiento de él y qué decisiones se tomaron a partir de esa información.