Elma Saiz vuelve a inyectar 4,5 millones en programas de inclusión antes de que termine de ejecutarse la primera partida
Las subvenciones se conceden de forma directa a 14 ayuntamientos y se suman a una primera fase todavía sin cerrar.
Elma Saiz
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, ha aprobado una nueva partida de 4,5 millones de euros para financiar actuaciones en catorce municipios situados en el área de influencia de Doñana. Las subvenciones, publicadas este jueves 3 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, se concederán de forma directa a los ayuntamientos seleccionados.
La nueva inyección presupuestaria llega cuando todavía continúa la ejecución de la primera fase de estas ayudas. El propio real decreto recoge que las actuaciones financiadas anteriormente siguen en marcha, mientras el departamento de Saiz habilita ahora una segunda partida para dar continuidad al programa durante 2026.
Los 4,5 millones de euros se repartirán entre Almonte, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Isla Mayor, La Puebla del Río, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, Rociana del Condado, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa.
El reparto no se articula mediante una convocatoria abierta en la que concurran diferentes administraciones, sino a través de subvenciones nominativas de concesión directa establecidas en el propio real decreto. El Gobierno justifica este procedimiento por razones de interés público, económico y social vinculadas a las necesidades específicas de los municipios del entorno de Doñana.
La mayor cuantía corresponde a Sanlúcar de Barrameda, que recibirá 600.000 euros. Almonte y Moguer contarán con 400.000 euros cada uno, mientras que Rociana del Condado y Pilas recibirán 340.000 euros por municipio. El resto de las cantidades se distribuyen entre los demás ayuntamientos hasta completar los 4,5 millones presupuestados.
Según establece la norma, las partidas podrán destinarse a iniciativas relacionadas con la inclusión social y laboral, la atención a colectivos vulnerables y las necesidades vinculadas a la presencia de población temporera en estos municipios durante las campañas agrícolas.
El reparto económico fue acordado por los ayuntamientos beneficiarios tomando como referencia distintos criterios, entre ellos la población de cada localidad, los niveles de pobreza severa y el peso de la población de origen extranjero.