Perelló frena en seco a Marlaska y lo deja en evidencia: defensa cerrada a la jueza encargada de Ceuta ante sus ataques
El ministro del Interior ha trasladado a la presidenta del CGPJ su “preocupación” porque la jueza María Tardón haya impedido que los policías que investigan la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta informen a sus superiores. Isabel Perelló le ha respondido recordándole que la magistrada actúa en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
La carta de Fernando Grande-Marlaska para trasladar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) su “preocupación” por la última decisión de la jueza María Tardón, encargada de investigar la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta del pasado mes de julio, ha encontrado una respuesta contundente de su presidenta. Isabel Perelló ha marcado los límites al ministro del Interior y ha defendido que la magistrada de la Audiencia Nacional ha actuado en el “ejercicio de sus funciones constitucionales”, reclamando por ello “el máximo respeto” a su actuación.
El choque se produce alrededor de una cuestión especialmente sensible para el Gobierno. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha elaborado a un extenso informe a petición de Tardón en el que, entre otras cosas, se atribuye a gendarmes marroquíes el “guiado activo” de inmigrantes hacia la ciudad autónoma.
Según Interior, la magistrada dio instrucciones al equipo policial encargado de la investigación para que no facilitara a sus superiores información sobre ese informe. Una decisión ante la que Marlaska ha decidido dirigirse directamente a Perelló.
El ministro ha sostenido en su carta que, ante una situación de “extrema gravedad” como la vivida en Ceuta, debería ser compatible que la Policía Judicial atienda los requerimientos de los órganos judiciales y, al mismo tiempo, proporcione al Gobierno la información relevante para adoptar decisiones en defensa del interés general y de la seguridad pública y nacional. Cabe recordar que, por ley, cuando la policía actúa como Policía Judicial solo debe informar al magistrado en cuestión precisamente para evitar cualquier interferencia partidista.
Marlaska ha alegado que la crisis ha alcanzado una dimensión suficiente como para declarar la situación de interés para la seguridad nacional y que, por tanto, la información que maneja la Policía Nacional resulta “de gran interés” para que el Ejecutivo pueda desarrollar sus competencias de dirección de la política interior y exterior y de defensa del Estado.
El titular de Interior ha querido dejar claro para cubrirse las espaldas que en su doble condición de ministro y magistrado respeta “escrupulosamente” la independencia judicial, así como el deber de colaboración con los órganos judiciales y la dependencia de la Policía Judicial respecto de jueces, tribunales y Fiscalía. Sin embargo, ha defendido que esa obligación no debería impedir que los responsables políticos reciban información relevante para gestionar una crisis de esta magnitud.
Perelló recuerda a Marlaska dónde están los límites
La respuesta de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ no ha dejado margen para que el órgano de gobierno de los jueces entre a cuestionar la actuación de Tardón. Perelló ha contestado al ministro mediante otra carta en la que ha recordado expresamente que los órganos de gobierno del Poder Judicial “tienen constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales”.
Perelló ha situado así la decisión de Tardón dentro del terreno estrictamente jurisdiccional y ha descartado entrar a valorar o corregir la forma en la que está dirigiendo la investigación. La presidenta del Supremo también ha recordado al ministro que la Constitución establece el deber de prestar la colaboración requerida por los órganos judiciales. Una obligación que, según ha explicado, tiene carácter “general” para todos los ciudadanos y “especial” en el caso de la Policía Judicial.
También ha incidido en que las leyes determinan que la función de Policía Judicial corresponde a todos los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “cualquiera que sea su naturaleza y dependencia”. Una precisión con la que ha reforzado la autonomía de la actuación policial cuando los agentes trabajan a las órdenes de un órgano judicial.
“En definitiva, estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”, ha trasladado Perelló a Marlaska.
Y todo ello mientras el contenido que está en el centro de la disputa resulta especialmente delicado. El informe del CENIF encargado por la magistrada atribuye a gendarmes de Marruecos el “guiado activo” de inmigrantes hacia Ceuta durante los días 30 y 31 de julio, precisamente uno de los aspectos más sensibles de la investigación sobre cómo se produjo la entrada masiva en territorio español y especialmente relevante por la defensa que el Gobierno de Sánchez sigue haciendo de Marruecos.
