El doble rasero de Marlaska: se queja al CGPJ de que la jueza de Ceuta prohíba informar a Interior… lo mismo que él ordenó en el 'caso Faisán'

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado este jueves una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para trasladarle su “preocupación” por una decisión judicial que le deja al margen de las pesquisas sobre la entrada masiva en Ceuta.

La destinataria de esa queja es la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la avalancha de finales de julio -más de 70.000 personas cruzaron la frontera desde Marruecos- y encargó a agentes de la Policía Nacional un informe sobre lo ocurrido. Según el relato de Interior, Tardón prohibió a ese equipo facilitar a sus superiores información sobre la elaboración y el contenido de esas diligencias.

Marlaska sostiene que, en una crisis declarada de interés para la seguridad nacional, no debería ser incompatible atender los requerimientos del juez con informar al Gobierno de “cuantas circunstancias puedan ser relevantes” para la seguridad pública. El ministro, que también es magistrado, asegura respetar la independencia judicial y la dependencia de la policía judicial respecto de jueces y fiscales, pero reclama que esa reserva no deje a Interior sin datos esenciales.

La respuesta de Perelló no se ha hecho esperar. La presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ comparte con Marlaska “la gravedad y el carácter extraordinario” de la crisis, pero le recuerda que los órganos de gobierno de los jueces tienen vedado “aprobar, censurar o corregir” actuaciones judiciales. En su escrito concluye que la decisión de Tardón “responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto”. Perelló añade además que la función de policía judicial corresponde a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “cualquiera que sea su naturaleza y dependencia”.

El choque institucional llega después de que trascendiera un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras elaborado por orden de la jueza. Ese documento, al que Interior dice no haber tenido acceso en su momento precisamente por la reserva judicial, ha abierto un frente político sobre el papel de Marruecos en la crisis y sobre quién controlaba la información dentro de la Policía. La magistrada autorizó después a los investigadores a dar acceso a sus mandos al contenido del informe.

La incoherencia de Marlaska, al descubierto

Lo que convierte la queja de Marlaska en un problema de coherencia es su propia trayectoria. Cuando era juez instructor de la Audiencia Nacional e investigaba el caso Faisán -el chivatazo que en 2006 desbarató una operación contra la extorsión de ETA-, el propio Grande-Marlaska ordenó por escrito exactamente lo que ahora critica.

En aquel auto, el entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 dispuso que los grupos de Policía Nacional y Guardia Civil designados para investigar la filtración “únicamente podrán informar de sus pesquisas y del resultado final de dicha investigación a este Juzgado, y nunca a sus superiores”, porque los hechos se habrían materializado “dentro del entorno policial y el resultado podría verse alterado”. Insistió en que debían “abstenerse, en todo caso, de informar a sus superiores, dada la reserva de la citada investigación”.

El documento, conocido desde hace años, deja al ministro en una posición difícil de explicar: lo que en 2006 consideró una garantía imprescindible para no contaminar una investigación, en 2026 lo presenta como un motivo de alarma institucional cuando la reserva judicial le impide conocer de primera mano las pesquisas sobre Ceuta.

El episodio suma un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en plena crisis de la ciudad autónoma. Interior reclama información para gestionar una emergencia de seguridad nacional. El CGPJ, por su parte, ha dejado claro que no va a enmendar a la instructora. Y el precedente del Faisán convierte la “preocupación” de Marlaska en algo más que un conflicto de competencias: en un espejo de su propia doctrina cuando él era quien dictaba las reglas.