Sánchez impone su financiación para Cataluña frente a las CCAA incluso con el no de las socialistas y Feijóo promete desmontarla

El Gobierno ha logrado que su nuevo modelo de financiación autonómica supere el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero la fotografía que ha dejado la reunión difícilmente permite hablar de consenso territorial. Cataluña y Canarias han permitido que la propuesta siga adelante mientras las comunidades del PP la rechazan y hasta Castilla-La Mancha y Asturias, las dos autonomías socialistas de régimen común, han vuelto a plantar cara al Ministerio de Hacienda. La Comunidad de Madrid no ha asistido como medida de protesta. Un escenario que refuerza la principal acusación contra el Ejecutivo: haber construido un sistema previamente pactado con ERC y especialmente beneficioso para Cataluña.

La propuesta podrá continuar ahora su recorrido y llegar al Consejo de Ministros antes de afrontar una batalla parlamentaria que se presenta complicada para Pedro Sánchez. Precisamente ahí tienen depositadas sus esperanzas las comunidades gobernadas por el PP, que consideran que la debilidad del Ejecutivo puede terminar haciendo descarrilar un modelo que, a su juicio, consolida los agravios territoriales en lugar de solucionarlos.

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha ejercido de portavoz de las autonomías populares al término del CPFF y ha lamentado que Hacienda haya decidido continuar adelante pese al rechazo expresado durante la reunión: "Nosotros lo que esperamos es que este modelo de financiación, que solo privilegia y beneficia a una comunidad autónoma y que mantiene los agravios al resto, es que no se apruebe en el Congreso de los Diputados".

La consejera andaluza ha explicado que todavía queda un proceso "bastante largo" por delante y ha pronosticado que la reforma finalmente no prosperará precisamente por la "debilidad" parlamentaria que atraviesa el Gobierno. El PP confía así en trasladar al Congreso el rechazo que sus comunidades han mostrado en el CPFF.

España también ha denunciado que Hacienda no haya incorporado las alegaciones planteadas por las autonomías populares. Para el PP, el resultado de este viernes confirma que el margen de negociación era mínimo porque los elementos fundamentales del modelo ya estaban acordados previamente.

"Lo que ya estaba pactado, diseñado y cocinado con el independentismo es lo que han aplicado. No nos han dejado participar ni en el diseño ni luego en las posibles mejoras", ha denunciado. Frente a este procedimiento, ha reclamado al Gobierno que retire la propuesta y negocie otra con el conjunto de las autonomías, incluidas aquellas gobernadas por los socialistas.

Y es precisamente el rechazo dentro del propio PSOE territorial uno de los elementos que más debilitan el argumento de Hacienda. Castilla-La Mancha y Asturias han ratificado su oposición al modelo, insistiendo en que Cataluña resulta la "mayor beneficiada" por una reforma que fue pactada previamente con ERC.

Feijóo promete acabar con los "españoles de primera y de segunda"

Mientras se celebraba el CPFF, Alberto Núñez Feijóo ha elevado la batalla de la financiación al terreno nacional. Desde Alhaurín el Grande (Málaga), acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP ha prometido que, si llega a La Moncloa, España tendrá un modelo de financiación "justo".

"Yo no voy a hacer españoles de primera y de segunda ni me voy a callar ante los chantajes de ningún partido", ha asegurado Feijóo, que ha contrapuesto su propuesta al acuerdo alcanzado por el Gobierno de Sánchez con ERC. El presidente del PP ha defendido además que la discusión no debe plantearse como una pugna por financiar territorios, sino como un sistema para garantizar los servicios públicos que reciben los ciudadanos independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

"Aquí se viene a financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales", ha explicado. "No se viene a financiar los territorios", sino "la gente", ha añadido antes de cargar directamente contra las concesiones a los independentistas: "Se vienen a financiar los servicios públicos de España, no los partidos políticos que no creen en España".

Feijóo también ha aprovechado el acto para situar la financiación dentro de su ofensiva contra el Gobierno y ha asegurado que no actuará como Sánchez si alcanza la Presidencia. "Yo no voy a abandonar a ningún español cuando más lo necesite", ha dicho antes de sostener que España necesita "romper esa decadencia" y acometer un "cambio profundo".

El dirigente popular ha llegado a comprometer su continuidad en caso de incumplir su palabra. "Y si no la cumplo, me iré, que es lo que tenía que hacer Sánchez. Y si no me voy, me tenéis que echar, que es lo que tienen que hacer los socialistas honestos con el señor Sánchez", ha rematado.

Cataluña, la única junto con Canarias satisfecha con el modelo

Frente al rechazo expresado por buena parte de las comunidades, Cataluña ha celebrado el resultado del CPFF. Su voto, junto al de Canarias, ha permitido que el Gobierno saque adelante la propuesta y pueda trasladarla al Consejo de Ministros. Una muestra evidente de quien es la principal beneficiada.

La consellera catalana de Economía y Finanzas, Alícia Romero, ha asegurado que el Govern está "satisfecho" y ha puesto en valor la "valentía" del Ejecutivo de Sánchez para reformar un sistema que lleva doce años caducado e incorporar más recursos. "Esperemos que todos aquellos que son críticos o que creen que el modelo podría ser mejor, aunque muchos han reconocido que era una buena base, lo puedan mejorar en ese trámite parlamentario", ha dicho Romero.

La posición catalana contrasta así con la de las dos comunidades socialistas de régimen común que han rechazado la propuesta. Mientras Castilla-La Mancha y Asturias cuestionan un modelo que consideran especialmente favorable para Cataluña por haber sido pactado previamente con ERC, la Generalitat celebra que siga avanzando.

El foco se traslada ahora al Congreso. Allí deberá comprobarse si Sánchez consigue reunir los apoyos necesarios para convertir el modelo en realidad o si, como esperan las comunidades del PP, la fragilidad parlamentaria del Gobierno termina tumbando una reforma que llega a las Cortes después de haber evidenciado una profunda división territorial.